La Comisión Investigadora del caso $Libra presentó en Diputados su informe final tras tres meses de trabajo y encendió un fuerte debate político al recomendar que el Congreso evalúe la posibilidad de iniciar un juicio político contra el presidente Javier Milei. El documento, elaborado por la mayoría opositora, concluye que el mandatario prestó una “colaboración imprescindible” en una presunta estafa con criptoactivos, al promover públicamente el proyecto y habilitar reuniones y decisiones que —según los diputados— configuraron irregularidades políticas, administrativas y financieras de gravedad.
El informe de más de doscientas páginas reconstruye reuniones, flujos de dinero y decisiones de funcionarios que, para la Comisión, delinean un patrón que ya había comenzado meses antes con la moneda digital KIP, también asociada al Presidente. Los investigadores describen operaciones compatibles con un “rug pull”, donde se impulsa un activo para luego retirar liquidez y provocar un colapso de precio. La Comisión sostiene que la repetición del esquema entre KIP y $Libra muestra una conducta orientada a evadir controles estatales. Además, remarcan que Milei impulsó el token desde su cuenta oficial, sin activar instancias técnicas ni justificar cómo obtuvo información que no era pública.
El documento también revela el impacto económico de la operatoria: según los datos de las billeteras virtuales, unas 114.410 cuentas sufrieron pérdidas, incluyendo casi 500 billeteras con caídas superiores a los USD 100.000, mientras que solo 36 obtuvieron ganancias millonarias. A esto se suma que los principales involucrados ingresaron 16 veces a Casa Rosada y Olivos entre octubre de 2024 y febrero de 2025, muchas de las cuales no fueron registradas formalmente. Para la Comisión, tanto Milei como la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, utilizaron recursos del Estado para “facilitar un hecho que se investiga como presunta estafa internacional”.
Finalmente, el informe cuestiona el accionar del Poder Ejecutivo, señalando “secretismo” y falta de transparencia por parte de la Oficina Anticorrupción y de la unidad interna creada para investigar el caso. A partir de estas irregularidades, la oposición anunció que denunciará penalmente a Mariano Cúneo Libarona, Alejandro Melik, Florencia Zicavo y Roberto Silva. Aunque buscará impulsar el juicio político, las chances de avance son mínimas: La Libertad Avanza y sus aliados llegan fortalecidos tras las elecciones y conservarán el número necesario para bloquear cualquier intento de impeachment en la Comisión de Juicio Político y en el recinto.
