El riesgo país de la Argentina rompió esta semana la barrera de los 500 puntos básicos y cerró en 496, su nivel más bajo desde junio de 2018. El indicador, elaborado por el banco JP Morgan a través del índice EMBI+, refleja una mejora en la percepción de los mercados sobre la capacidad de pago del país. Sin embargo, detrás de ese dato financiero conviven decisiones económicas y efectos sociales que abren un debate más amplio.
Durante enero, el Banco Central compró más de 1.000 millones de dólares y fortaleció las reservas internacionales, en línea con el plan anunciado en diciembre de 2025 por el Gobierno de Javier Milei. Desde el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, la acumulación de divisas fue presentada como una condición necesaria para ordenar la macroeconomía y mejorar el acceso al financiamiento.
Qué es el riesgo país y por qué bajó
El riesgo país es un indicador económico que mide la diferencia entre la tasa de interés que paga un país por su deuda y la que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados los activos más seguros del mercado internacional. Cuanto mayor es esa diferencia, mayor es el riesgo percibido por los inversores; cuando se reduce, la señal es de mayor confianza.
La reciente caída del índice estuvo impulsada por varios factores. Por un lado, la intervención del Banco Central en el mercado cambiario permitió sumar divisas a las reservas. Por otro, se registró un mayor ingreso de dólares por la liquidación del sector agroexportador y por emisiones de deuda en moneda extranjera del sector privado y de algunas provincias. En ese contexto, los bonos soberanos argentinos subieron cerca de un 1,5% y empujaron el riesgo país a su nivel más bajo en casi siete años.
Mejora financiera y ajuste del gasto público
Con un riesgo país por debajo de los 500 puntos y un rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años en torno al 4,2%, la Argentina podría acceder a financiamiento externo con una tasa cercana al 9% anual. Aunque se trata de un costo elevado en términos internacionales, representa una mejora frente a períodos recientes y abre la posibilidad de refinanciar vencimientos de deuda en los próximos años. Aun así, especialistas advierten que para volver de manera sostenida a los mercados el país debería consolidar una baja adicional del indicador, hasta niveles cercanos a los 450 puntos.
La acumulación de reservas, sin embargo, no es un proceso neutral. En el esquema actual, el fortalecimiento de la posición financiera del Estado se apoya en una política de fuerte recorte del gasto público. Ese ajuste impacta de forma directa en áreas sensibles como el financiamiento de la educación, la paralización de la obra pública y la falta de respuestas ante emergencias sociales y sanitarias, como la situación de la pediatría en distintos puntos del país.
A esto se suma el desfinanciamiento de políticas ambientales, como la Ley de Manejo del Fuego, cuya limitada ejecución incide en la gravedad de los incendios que afectan al sur argentino. En ese marco, la mejora de los indicadores financieros convive con un deterioro de las condiciones materiales de amplios sectores de la sociedad.
La baja del riesgo país aparece así como una señal positiva desde el punto de vista de los mercados, pero no como una garantía de desarrollo. El desafío de fondo sigue siendo cómo sostener la estabilidad financiera sin que el costo recaiga de manera desproporcionada sobre el gasto social y las políticas públicas esenciales.
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