La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Gobierno nacional aplicar de forma “inmediata” la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), al rechazar la apelación presentada por el Poder Ejecutivo. De este modo, quedó firme la medida cautelar que obliga a avanzar con la recomposición salarial y la actualización de becas.
El fallo representa un revés para el oficialismo en medio de un conflicto que lleva semanas y que impacta directamente en universidades de todo el país.
Qué implica la medida
La resolución judicial exige cumplir puntos centrales de la ley: actualizar los salarios de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2025, y recomponer las becas estudiantiles, en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo.
Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán rechazaron los argumentos del Gobierno, a los que calificaron de “poco serios”, y remarcaron que no se demostró un perjuicio al interés público. Por el contrario, subrayaron que está en juego un derecho constitucional clave: la educación superior.
El eje del conflicto
El punto central de la disputa radica en que la ley, ya aprobada por el Congreso, no se estaba aplicando. El Ejecutivo había intentado condicionarla a través del decreto 759/2025, argumentando limitaciones presupuestarias.
Sin embargo, el tribunal fue contundente: no se puede suspender una ley vigente mediante otra norma administrativa. Además, advirtió sobre el riesgo de perjuicios irreparables, especialmente por tratarse de salarios con carácter alimentario.
Impacto en universidades
El fallo llega tras tres semanas de paro nacional universitario, con fuerte adhesión en instituciones como la Universidad Nacional de Córdoba y otras casas de estudio. El reclamo estuvo centrado en la pérdida salarial y el ajuste presupuestario.
La causa se originó a partir de un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional junto a más de 40 universidades públicas, que denunciaron el desfinanciamiento del sistema.
Qué puede pasar ahora
Por el momento, el Gobierno está obligado a cumplir con la implementación de la ley, aunque el conflicto sigue abierto. En paralelo, el oficialismo evalúa impulsar una nueva normativa que modifique el esquema vigente y logre respaldo en el Congreso.
La decisión judicial no solo tiene impacto inmediato en salarios y becas, sino que también reconfigura el escenario político y educativo en medio de una crisis que sigue en desarrollo.
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