El abogado paraguayo Robert Marcial González sostuvo que la academia cumple un rol central en el fortalecimiento del Estado de Derecho y advirtió sobre un escenario de tensión institucional a nivel global, al participar del Congreso Internacional “Presente y Futuro del Derecho Procesal”, realizado en Puerto Iguazú.
Durante una entrevista concedida en el marco del encuentro, el especialista afirmó que los espacios académicos constituyen herramientas clave para reforzar los mecanismos de control del poder público. “Este es el camino con el cual la Academia puede contribuir a fortalecer el Estado de Derecho. Si hay tiempos convulsos, es muy importante rescatar este tipo de espacios”, señaló.
El evento, organizado por el Poder Judicial de Misiones y la Universidad Católica de Santa Fe, reunió a especialistas de América Latina y Europa para debatir sobre inteligencia artificial, procesos colectivos y oralidad, entre otros ejes vinculados al funcionamiento de los sistemas judiciales.
González expuso sobre tutela de derechos laborales en el constitucionalismo democrático y remarcó la necesidad de preservar las garantías procesales frente a decisiones basadas en criterios discrecionales. “En tiempos preocupantes, con excesos de parte del poder en todos los niveles, me parece muy importante que pongamos el énfasis en limitar el poder público”, explicó.
En ese sentido, consideró que la Constitución contiene herramientas suficientes para resguardar derechos, aunque su aplicación depende de la voluntad política y del compromiso ciudadano. “No hay una fórmula mágica, pero la Constitución es rica en instrumentos que están ahí; depende de la voluntad de las personas para ejercer ese compromiso de control de las cosas públicas”, indicó.
Respecto del presente del Derecho Procesal, el académico sostuvo que atraviesa una etapa crítica. “El Derecho Procesal hoy, en alguna medida, está herido de muerte. Se dejan de lado las reglas del proceso y se imponen criterios voluntaristas”, afirmó, al tiempo que señaló que el sistema requiere ser fortalecido para recuperar su función como garantía frente al ejercicio del poder.
“El proceso es una garantía que tenemos todos frente a quienes ejercen el poder. Es importante recuperar la vigencia plena de esa herramienta para resguardar nuestras libertades”, agregó.
Consultado sobre el avance tecnológico y su impacto en el sistema judicial, González descartó una incompatibilidad entre innovación y garantías constitucionales. “Las tecnologías no son incompatibles, al contrario, enriquecen el sistema. Es cuestión de no perder de vista la relación entre medios y fines”, explicó.
En relación con la utilización de inteligencia artificial en la toma de decisiones judiciales, sostuvo que su implementación debe ser complementaria y no sustitutiva de la función jurisdiccional. “Si la sentencia se delega a la inteligencia artificial, por supuesto que pierde empatía. El juzgador no puede delegar su trabajo en la inteligencia artificial; debe ser una herramienta que enriquezca su labor”, precisó.
Sobre la situación del sistema judicial paraguayo en materia tecnológica, indicó que aún enfrenta limitaciones estructurales. “La precariedad es alarmante y estamos todavía lejos de ese escenario; hay muchos expedientes en papel”, describió.
Asimismo, consideró que la judicialización debe constituir la última instancia para resolver conflictos. “Recurrir al poder judicial tiene que ser la última alternativa. Si el Estado puede dar respuestas en otros niveles institucionales, muchos conflictos podrán resolverse de manera menos traumática”, sostuvo.
Finalmente, planteó que el modelo de justicia debe orientarse a un esquema republicano basado en la certeza jurídica. “Buscamos una justicia republicana, jueces que entiendan que su misión es dar certeza a relaciones litigiosas y no asumir un rol protagónico”, concluyó.
Robert Marcial González es abogado por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario y magíster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho por las universidades Rey Juan Carlos y Francisco de Vitoria, de Madrid. Es docente universitario y autor de publicaciones especializadas en derecho procesal.
—
