La causa por presuntas torturas seguidas de muerte bajo custodia en el complejo carcelario de Bouwer quedó en condiciones de llegar a juicio. El caso investiga el trágico desenlace de César Darío Moreno, ocurrido en septiembre del año 2023.
La Cámara de Acusación confirmó recientemente la elevación a juicio de la investigación impulsada por el fiscal José Mana. Según La Voz, el tribunal rechazó los recursos presentados por las defensas del médico y la psiquiatra.
De esta manera, nueve acusados deberán responder en el debate oral como presuntos autores de tortura seguida de muerte. En caso de ser hallados culpables por este grave delito, los involucrados podrían recibir la pena de prisión perpetua.
Además, la causa alcanza a un exresponsable del módulo carcelario por incumplimiento de los deberes de funcionario público. También se encuentra imputado un enfermero del penal por la omisión de denunciar estos severos hechos de violencia.
Una medida de seguridad convertida en castigo en Bouwer
Moreno tenía 50 años, no registraba antecedentes penales y atravesaba una severa crisis de salud mental al ser detenido. Según la investigación fiscal, tras un altercado en el penal, distintos penitenciarios lo golpearon brutalmente como represalia.
Posteriormente, la víctima fue trasladada al área médica, donde quedó inmovilizada de sus cuatro extremidades durante más de dos días. La Justicia sostiene que esta sujeción dejó de ser una medida legítima y pasó a convertirse en un tormento prolongado.
La resolución judicial recuperó un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura para analizar las responsabilidades. El documento señala que la inmovilización injustificada transformó un acto de contención en una práctica de castigo.
El rol clave de los profesionales de la salud
La actuación del personal médico aparece especialmente remarcada y cuestionada por la Cámara de Acusación en este fallo unánime. Existen testimonios y registros fílmicos que complican seriamente la situación procesal del médico Ignacio Edgardo Segobia.
Para el tribunal, el profesional firmó el formulario que le dio una falsa apariencia de legalidad a la inmovilización de Moreno. Se consideró que, por sus conocimientos, estaba en condiciones de advertir los severos riesgos médicos de mantenerlo atado.
En cuanto a la psiquiatra Ana Laura Grassi, se le atribuye haber convalidado y prolongado una situación ostensiblemente vejatoria. La médica dispuso que continuara sujeto pese a advertir que el paciente presentaba lesiones, edemas y evidentes condiciones degradantes.
Para los magistrados, esta convalidación profesional frente al cuadro clínico forma parte de la ejecución misma de la tortura. El tribunal remarcó que alcanza con probar que consintieron dolosamente el tormento dentro del cual se produjo la muerte.
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