Este martes comenzó el juicio contra el actual secretario general de Luz y Fuerza de Córdoba, Jorge Molina Herrera, y su antecesor, Gabriel Suárez, acusados de liderar durante años una banda que habría desviado y lavado millones de pesos del sindicato, en perjuicio de los afiliados. Ambos forman parte de un grupo de nueve imputados, mientras que otros aceptaron probation o fueron sobreseídos por fallecimiento. Las próximas audiencias se realizarán el 4, 10 y 13 de noviembre.
La causa se originó tras una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), basada en un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que detectó movimientos sospechosos desde 2012 en cuentas del gremio. Según la investigación, los fondos se habrían desviado mediante cheques a favor del sindicato, de personas jurídicas vinculadas a la organización o de empleados y jubilados que luego los endosaban a terceros.
Según la acusación, Suárez, Molina Herrera y Navarro habrían liderado la asociación ilícita, desviando fondos hacia su patrimonio o el de terceros. Los cheques eran cobrados por intermediarios como Fidelbo, Galván y Guzmán, quienes declararon cumplir órdenes de la cúpula sindical. La investigación detectó montos “redondos” cobrados en fechas cercanas, en operaciones diseñadas para ocultar los desvíos.
Las próximas audiencias serán clave para determinar las responsabilidades de los líderes sindicales y esclarecer el manejo de los recursos del gremio, que durante años habrían sido objeto de maniobras fraudulentas que afectaron a los afiliados.
