La causa judicial que investiga el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este miércoles un nuevo capítulo con las declaraciones de dos jubiladas que le habrían prestado dinero para la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. Se trata de Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes fueron citadas a declarar ante el fiscal Gerardo Pollicita.
Ambas mujeres comparecieron en los tribunales de Comodoro Py, pero evitaron hacer declaraciones públicas al retirarse. Según fuentes judiciales, sus testimonios dejaron más dudas que certezas. “Nunca saben nada”, deslizó una fuente ligada a la causa en diálogo con PERFIL, en referencia a la falta de precisiones sobre la operación inmobiliaria.
Viegas y Sbabo compraron el departamento ubicado en la calle Miró al 500 en mayo de 2025 y lo vendieron seis meses después a Adorni. Para esa operación, le habrían financiado al funcionario unos 200.000 dólares. Sin embargo, ambas aseguraron que el dinero provenía de operaciones previas de compra-venta, pese a que perciben la jubilación mínima.
El abogado del funcionario, Matías Ledesma, estuvo presente durante las testimoniales. En paralelo, también declaró Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas y presunto nexo entre su madre y el funcionario. El joven será nuevamente citado el próximo 22 de abril para ampliar su testimonio ante la Justicia.
La investigación apunta a esclarecer cómo se financió la compra del inmueble, escriturado por 230.000 dólares. Según consta en el expediente, Adorni habría aportado 30.000 dólares en efectivo, mientras que el resto fue cubierto mediante un préstamo otorgado por las vendedoras, cuya cancelación está prevista para noviembre.
El caso también involucra a la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la operación, y suma otros antecedentes: en 2024, el funcionario ya había recibido otro préstamo por 100.000 dólares con garantía hipotecaria, lo que amplía el foco de la investigación patrimonial en su contra.
En este contexto, la Justicia avanza con medidas clave, como el levantamiento del secreto fiscal y bancario dispuesto por el juez Ariel Lijo. El objetivo es determinar si los movimientos financieros del funcionario y su entorno se corresponden con sus ingresos declarados, en una causa que sigue sumando interrogantes.
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