Mientras los incendios forestales avanzaron sobre miles de hectáreas en la Patagonia durante el verano, el Gobierno nacional volvió a quedar en el centro de la controversia por el contraste entre el discurso público y las políticas concretas de gestión ambiental.
El presidente Javier Milei agradeció a brigadistas y bomberos por su labor, pero lo hizo sin viajar a las zonas afectadas y acompañando su mensaje con imágenes generadas por inteligencia artificial, al tiempo que su administración aplicó un fuerte recorte presupuestario al sistema nacional de combate del fuego.
El posteo presidencial llegó luego de las lluvias que permitieron contener buena parte de los focos activos en áreas críticas como Epuyén y El Hoyo, en la provincia de Chubut.
Desde sus redes sociales, Milei destacó el “heroísmo” de brigadistas, bomberos y voluntarios. Sin embargo, las imágenes que acompañaron el mensaje lo mostraban falsamente en el lugar de los operativos, pese a que no estuvo en la zona ni mantuvo contacto directo con el gobernador chubutense, Ignacio Torres, según confirmó el propio mandatario provincial.
Un ajuste que debilita el combate del fuego
Más allá del impacto simbólico del agradecimiento presidencial, el núcleo del conflicto está en los números. Organizaciones ambientalistas y gremios del sector advirtieron que el proyecto de Presupuesto 2026 prevé una reducción del 78,5% en términos reales para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), en comparación con años anteriores.
El ajuste se suma a una subejecución sostenida: en 2024 apenas se utilizó el 22% de los fondos asignados, mientras que en 2025 quedó sin ejecutar cerca del 25% del presupuesto, lo que equivale a casi 20.000 millones de pesos. Recursos que, según especialistas, podrían haberse destinado a infraestructura, equipamiento, capacitación y mejora de las condiciones laborales de los brigadistas.
A esto se agregó la disolución, en julio de 2025, del Fondo Nacional de Manejo del Fuego mediante el Decreto 463/2025, un mecanismo que garantizaba financiamiento específico y automático para la prevención y el combate de incendios, alimentado por aportes del sector asegurador.
Brigadistas precarizados y jornadas extremas
Las consecuencias del desfinanciamiento se reflejan en las condiciones de trabajo. Brigadistas de Parques Nacionales denunciaron precarización laboral, inestabilidad contractual, salarios bajos y jornadas extenuantes. En la Patagonia, los sueldos rondan los 860 mil pesos mensuales, mientras que en otras regiones del país descienden a 600 mil, con jornadas que superan las doce horas diarias durante la temporada de incendios, sin pago de horas extra ni compensaciones adecuadas.
“Nos llaman héroes porque ahora les sirve, pero somos trabajadores”, resumió Ariel Dattoli, brigadista de Parques Nacionales, en una entrevista con Página/12 quien señaló que la pérdida salarial acumulada desde 2023 oscila entre el 25 y el 30%. Durante años, explicó, los contratos fueron trimestrales y atravesados por la incertidumbre laboral.
Actualmente, para proteger más de cinco millones de hectáreas de áreas protegidas se necesitarían al menos 700 combatientes, según informes oficiales, pero el sistema cuenta con apenas 391. El trabajo implica riesgos severos: desde golpes por desprendimientos de piedras hasta quemaduras graves, como el caso de un brigadista de Puerto Patriada que debió ser internado con más del 50% del cuerpo quemado.
Emergencia ambiental e interna política
La crisis por los incendios también dejó al descubierto la interna del oficialismo. La vicepresidenta Victoria Villarruel viajó al Parque Nacional Los Alerces para acompañar a los brigadistas y solicitó un helicóptero para sobrevolar las zonas afectadas. Desde la Casa Rosada rechazaron el pedido, argumentando que los recursos aéreos debían reservarse exclusivamente para tareas operativas y no “para hacer política”.
El cruce se trasladó a las redes sociales. El secretario de Comunicación, Javier Lanari, cuestionó públicamente a Villarruel, mientras desde el entorno presidencial se la acusó de intentar construir una alternativa política propia. La vicepresidenta, por su parte, denunció una asistencia estatal insuficiente y anunció que impulsará en el Senado un endurecimiento de las penas para quienes provoquen incendios forestales, evitando respaldar las acusaciones del Ministerio de Seguridad contra comunidades mapuches.
La Justicia descarta una acción mapuche coordinada
En paralelo a la disputa política, la Justicia desestimó una de las hipótesis impulsadas desde el oficialismo. El fiscal de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, descartó de manera categórica la existencia de una acción coordinada de grupos mapuches detrás de los incendios.
Si bien confirmó que varios focos fueron intencionales y que se encontraron materiales acelerantes, negó cualquier vínculo con organizaciones radicalizadas o intereses inmobiliarios, desmintiendo así el discurso que intentó asociar los incendios a comunidades originarias.
La ley sigue vigente, pero bajo amenaza
En medio de la emergencia, también circularon versiones falsas sobre la derogación de la Ley de Manejo del Fuego. Si bien el Gobierno de Milei no derogó la norma que creó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, sí impulsa modificaciones. A través del Consejo de Mayo, propuso eliminar artículos que prohíben actividades agropecuarias, subdivisiones, loteos y ventas en terrenos incendiados durante períodos de entre 30 y 60 años, una protección clave contra la especulación inmobiliaria.
Así, mientras las llamas arrasaron más de 20 mil hectáreas en la Patagonia, el debate excedió lo ambiental y expuso una política de ajuste, tensiones internas y un sistema de combate del fuego debilitado. Entre el reconocimiento en redes y la falta de recursos en el territorio, los brigadistas siguen reclamando lo mismo de siempre: salarios dignos, estabilidad laboral y un Estado presente cuando el fuego avanza.
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