El fiscal Andrés Godoy ordenó la imputación de seis policías y la detención de una agente por la muerte de Tomás Orihuela. El joven de 19 años fue hallado sin vida el pasado sábado 26 de abril en una celda de la comisaría 6ª de la ciudad de Córdoba.
Los uniformados enfrentan cargos por privación ilegítima de la libertad, homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La Justicia determinó de forma preliminar que la víctima jamás debió haber sido trasladada a la dependencia policial.
Días antes de su fallecimiento, Orihuela le había enviado dramáticos audios a su madre expresando su temor a los controles en Bajo Pueyrredón. Estos mensajes exponían el constante hostigamiento que el joven sentía por parte de la fuerza.
Una detención ilegal contra Tomás Orihuela basada en un error del sistema
El joven había recuperado la libertad tras un juicio abreviado, pero los sistemas informáticos policiales mantenían activas órdenes de captura vencidas. Pese a tener los oficios judiciales correspondientes que acreditaban su situación legal, la Policía lo detuvo dos veces en menos de 48 horas.
Durante el segundo operativo, los efectivos ignoraron las explicaciones de la familia y se mofaron de la situación en chats internos. Trasladaron al joven y lo mantuvieron cuatro horas arriba del patrullero antes de ingresarlo formalmente a la comisaría de barrio Altos de General Paz.
Negligencia y desobediencia dentro de la comisaría
Según informó Cadena 3, la pareja de policías que realizó el arresto encerró a Orihuela en una celda de forma totalmente irregular. Lo hicieron sin haber entregado formalmente el procedimiento a la unidad judicial de turno que funcionaba en el lugar.
Tanto el jefe de la dependencia como la sumariante les habían ordenado por chat que no entregaran el operativo al constatar el error previo. Sin embargo, los agentes desobedecieron la instrucción directa y encerraron al joven completamente solo en el calabozo.
Media hora después del encierro, Orihuela fue encontrado ahorcado con su propio buzo. Si bien la autopsia confirmó que se trató de un suicidio sin participación de terceros, la fiscalía avanza contra los efectivos por desatar la cadena de negligencias ilegales que provocó la tragedia.
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