El caso de Gabriela Fernández, una presa que cambió de género mientras cumplía condena en la cárcel de Bouwer, cobró relevancia a nivel nacional a finales del año pasado. Sin embargo, su traslado al pabellón de mujeres generó una ola de reacciones luego de que se conociera que otra reclusa la denunció por abuso sexual.
Más tarde se conoció que Fernández también fue acusada por otras internas por el mismo delito. Finalmente, hoy se conoció que el Ministerio Público Fiscal de Córdoba informó que la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del segundo turno ordenó la imputación y detención de Fernández.
Según el comunicado oficial, se le atribuyen abusos cometidos dentro del establecimiento penitenciario número 3 de Bouwer. Además, se indicó que su identidad de género está siendo objeto de investigación en el marco del proceso judicial en curso.
Cabe mencionar que Fernández ya tenía antecedentes por violencia de género antes de su cambio de identidad. En 2018, mientras cumplía una condena de tres años por agredir a su pareja, expresó su autopercepción como queer, lo que llevó a su reubicación en el sector femenino. Sin embargo, en 2019 fue acusada de atacar a otras reclusas, aunque luego recuperó la libertad. Posteriormente, volvió a ser detenida por hechos de violencia hacia otra pareja y por incumplir una orden de restricción.
Las denuncias más recientes surgieron durante su última estadía en Bouwer, donde se la acusa de agresiones sexuales reiteradas contra otras internas. Incluso se investiga la posibilidad de que una de ellas haya quedado embarazada como consecuencia de una violación.
