En una situación inédita para la Justicia Federal, los fiscales Nicolás Turano (Procuración General de la Nación) y Maximiliano Hairabedián (Córdoba) imputaron a las máximas autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Abel Sánchez Torres (vicepresidente) y Graciela Montesi (presidenta). La medida también alcanza a los secretarios Mario Olmedo y Gustavo Flores.
Los hechos investigados podrían encuadrar en delitos como abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción. El juez Alejandro Sánchez Freytes decretó secreto de sumario y deberá resolver los próximos pasos.
Manipulación de Salas y expedientes tributarios
La denuncia inicial fue presentada por la abogada y funcionaria judicial Celina Laje Anaya, quien señaló irregularidades en la integración de las Salas A y B de la Cámara. Según los fiscales, se habrían violado reglamentos para resolver dos expedientes vinculados a la cerealera Bunge, con imputaciones por evasión tributaria contra sus directivos.
Los vocales Sánchez Torres y Montesi habrían buscado beneficiar a la empresa, derivando o demorando los expedientes entre las vocalías de Eduardo Ávalos y Liliana Navarro. La investigación busca determinar si ese recorrido fue legal.
Maltrato laboral y hostigamiento
Laje Anaya también denunció malos tratos laborales por parte de Sánchez Torres, luego de resistirse a órdenes sobre la integración de la Sala. Según su testimonio, sufrió represalias que afectaron su salud y su categoría como secretaria, con impacto en su salario y futura jubilación.
Imputación a secretarios
En paralelo, los fiscales detectaron incongruencias en la declaración del secretario Gustavo Flores, por lo que solicitaron imputarlo por presunto falso testimonio.
La causa, que involucra a las máximas autoridades de la Cámara Federal cordobesa, marca un hecho sin precedentes en el ámbito judicial local y nacional.
