Continúa la intensa búsqueda de Lian Gael Flores Soraide, el nene de 3 años que desapareció el sábado a la siesta en Ballesteros Sud, en el interior de Córdoba. Con el paso de los días, la preocupación crece y, hasta el momento, no hay rastros de su paradero.
En las últimas horas, el operativo se amplió hasta el río Tercero y sus alrededores. Mientras tanto, más de 300 efectivos de diferentes fuerzas y áreas continúan rastrillando un radio de 4 kilómetros alrededor de la casa de la familia Flores Soraide.
Este miércoles, la fiscal general adjunta de la Provincia, Bettina Croppi, brindó una conferencia de prensa desde el centro de operaciones, acompañada por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros. Durante la charla con los periodistas, Croppi insistió en la necesidad de actuar con prudencia: “Hay que ser cautos, no podemos perjudicar las líneas investigativas”. Además, confirmó que hasta el momento no hay personas imputadas ni detenidas en la causa, que está a cargo de los fiscales Isabel María Reyna y Nicolás Gambini.
La fiscal detalló que ya se realizaron 15 allanamientos, algunos de ellos en otras localidades de la provincia. Como resultado, se secuestraron seis vehículos y más de 25 celulares. “Todos los mensajes de los celulares se están relevando, sean de audio, de WhatsApp, llamadas y hasta antenas utilizadas”, explicó. Además, mencionó que se tomaron más de 30 declaraciones testimoniales, aunque evitó brindar mayores detalles.
La fiscal habló sobre el entorno familiar
El martes, generó controversia una declaración del nuevo abogado del padre de Lian, quien aseguró que “es el principal sospechoso”. Consultada sobre el entorno familiar y posibles antecedentes penales, Croppi aclaró: “Hasta lo que sabemos, antecedentes de familiares no hay. Sí puedo decir que hay investigaciones pendientes al entorno cercano por delitos de integridad sexual”.
Además, se refirió a la relación entre el dueño del campo y la familia del nene: “El propietario está identificado… sabemos que tenía una relación locativa, es decir que alquila el terreno para la explotación comercial de un cortadero de ladrillos”.
Por el momento, la causa sigue en manos de la Justicia provincial. “Por ahora sigue así, si no ya lo hubiéramos derivado a la Justicia Federal. No tenemos por ahora indicios de algún delito federal, pero no descartamos que pueda ocurrir”, explicó Croppi.
