El Gobierno solicitó retirar del temario del Congreso la reforma de la Ley Penal Juvenil, que proponía bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. La decisión se tomó a un día de dictaminar y a dos de la sesión prevista en la Cámara de Diputados, debido a que el texto no contemplaba la edad consensuada con los partidos aliados.
La propuesta recibió críticas de distintos sectores, incluida la Iglesia católica, y no logró reunir el apoyo necesario de la oposición. Tanto el PRO como la UCR advirtieron que el acuerdo previo fijaba la edad en 14 años, lo que terminó por debilitar la iniciativa oficialista.
Vuelta al dictamen de 2025
fuentes legislativas confirmaron que La Libertad Avanza volverá a trabajar sobre el dictamen de mayoría conseguido en 2025, con modificaciones que buscan garantizar la implementación efectiva de la ley. Entre ellas, se destaca la asignación de más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia, evitando que el financiamiento quede librado a la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete.
Próximos pasos
El nuevo texto será discutido esta semana en la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, presidida por la diputada salteña María Gabriela Flores, y luego en la Comisión de Justicia, a cargo de Lisandro Almirón. Con una agenda apretada para las sesiones extraordinarias, el oficialismo pretende reenviar el proyecto con la edad consensuada en 14 años y con respaldo político más sólido.
