El Gobierno avanzó con la privatización de las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) al retirar al Estado como intermediario del proceso. La medida implica la apertura de una licitación para que una empresa privada se haga cargo del abastecimiento, un cambio estructural que podría modificar el esquema de costos y tener impacto directo en las tarifas durante los meses de mayor consumo.
La decisión se da en el marco de la extensión de la emergencia energética en transporte y distribución de gas, que regirá hasta el 31 de diciembre de 2027. En ese contexto, los números muestran una fuerte reducción del gasto: en 2025, Enarsa importó 27 cargamentos de GNL por US$ 698 millones, muy por debajo de 2022, cuando se adquirieron 41 cargamentos por US$ 2.885 millones.
Además, el recorte de subsidios aparece como un eje central de la política energética. Durante 2025, los subsidios energéticos rondaron los US$ 4.000 millones, mientras que para 2026 se proyecta una baja hasta los US$ 3.000 millones. Con menos intervención estatal y mayor protagonismo privado, el invierno será clave para medir el impacto real de este nuevo esquema.
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