A través de un documento conjunto, tres de las instituciones más representativas de la Iglesia Católica en Argentina, enviaron una carta abierta al Congreso de la Nación.
Tres instituciones de la Iglesia Católica (la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Cáritas y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen), enviaron una carta abierta al Congreso de la Nación. El objetivo del escrito es solicitar formalmente a los diputados y senadores que voten en contra del proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada“, una de las reformas estructurales clave impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional bajo la órbita del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
En el texto, las entidades religiosas lanzaron duras críticas hacia el espíritu de la normativa, asegurando de forma taxativa: “Creemos que atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse“.
El eje del descontento eclesiástico radica en los puntos más polémicos de la propuesta oficial, la cual busca eliminar los topes vigentes para la adquisición de campos y terrenos por parte de capitales extranjeros. Asimismo, la normativa deroga una serie de restricciones ambientales clave, permitiendo el uso comercial e inmediato de aquellas superficies que hayan sido arrasadas por incendios forestales.
Según el análisis de la Pastoral Social, Cáritas y Endepa, estas modificaciones debilitan drásticamente la capacidad regulatoria del Estado en sus órbitas nacional, provincial y municipal. Argumentan que la ley dejará desprotegido el interés comunitario y desarticulará la planificación de obras públicas, exponiendo a las poblaciones más vulnerables frente al avance de corporaciones privadas locales y del exterior.
Por otra parte, el Episcopado aprovechó el comunicado para exigir un abordaje integral a la crisis de vivienda que golpea al país, remarcando que cualquier reforma legislativa debería apuntar a democratizar el acceso a un techo digno y consolidar un ecosistema legal equitativo tanto para propietarios como para inquilinos. “Pedimos a quienes intervengan en el debate de este proyecto, guíen sus opciones por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares“, concluye la misiva.
