El Gobierno busca avanzar con un punto clave dentro del proyecto de reforma laboral que presentará el 9 de diciembre: fijar por ley un tope a la tasa de interés que aplican los jueces en los juicios laborales. La iniciativa apunta a terminar con las actualizaciones dispares que, según el oficialismo, vuelven “ruinosas” las indemnizaciones para pymes y alimentan la llamada “industria del juicio”. La medida se suma a otros cambios profundos que el Ejecutivo quiere debatir en las sesiones extraordinarias del Congreso, pese al rechazo anticipado de la CGT.
En Casa Rosada aseguran que el texto está casi listo y que participaron en su redacción Modernización, Capital Humano, la Secretaría de Trabajo y el Consejo de Mayo. El proyecto incluirá capítulos sobre ultractividad, convenios por empresa, cargas fiscales, aportes a sindicatos y cámaras empresarias, derechos colectivos e individuales y posibles ajustes para monotributistas. Pero uno de los focos centrales será unificar criterios en las tasas de actualización, hoy aplicadas de manera arbitraria según cada jurisdicción, entre cálculos basados en RIPTE, IPC, tasa activa o incluso combinaciones con porcentajes adicionales.
Según fuentes oficiales, la falta de un criterio homogéneo genera fallos contradictorios incluso dentro de una misma provincia y termina afectando especialmente a las pymes y ART que enfrentan juicios por despidos o accidentes laborales. El Gobierno insiste en que la modernización laboral busca reducir la litigiosidad, dinamizar el empleo formal y combatir el trabajo no registrado, que prácticamente iguala en volumen al empleo asalariado conveniado. La discusión promete tensión con los gremios, que ya advirtieron que se opondrán a cualquier cambio que “quite derechos” a los trabajadores.
