
La adquisición de 15 drones de alta tecnología, capacitaciones y software para la Policía de Córdoba quedó paralizada tras un fuerte cruce entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas. El proyecto, valuado en siete millones de dólares, buscaba modernizar el patrullaje preventivo en el territorio provincial.
Frenaron la compra de drones para la Policía: “Un saco a medida”
La mayoría opositora en el Tribunal de Cuentas fundamentó su rechazo en observaciones técnicas y legales sobre el proceso de licitación. Beltrán Corvalán, titular del organismo, calificó la contratación como un “saco a medida hecho para una empresa”, señalando que el pliego presentaba inconsistencias que limitaban la competencia.
Entre los puntos críticos, la presidenta del Tribunal, María Fernanda Leiva, detalló que se detectaron ítems con valores superiores a los del mercado y software de reconocimiento facial que es de libre disponibilidad. Además, cuestionaron la modalidad de “renglón único”, que integraba equipos, software y capacitación en un solo contrato, dificultando la participación de más oferentes.
Desde el Centro Cívico, el gobernador Martín Llaryora y sus ministros defendieron la transparencia de la licitación, destacando que el expediente superó más de 70 instancias administrativas y contaba con todos los avales técnicos previos. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, enfatizó que la compra es clave para gestionar la seguridad en una provincia de 165.000 kilómetros cuadrados.
Por su parte, el ministro Miguel Siciliano denunció que el freno al expediente representa una maniobra política de la oposición. “Cuando te escondés en la mayoría del Tribunal de Cuentas para frenar una acción de gobierno, estás jorobando a la gente”, afirmó el funcionario, marcando la profunda tensión entre las instituciones.
Drones: los detalles del proyecto Svant
El plan oficial preveía la creación de la División Svant (Sistema de Vehículos Aéreos No Tripulados). Este sistema integral incluía:
- 15 drones de alta complejidad tecnológica con inteligencia artificial.
- Capacitación especializada para 40 agentes policiales.
- Unidades móviles de control y software de reconocimiento facial y de patentes.
El Ejecutivo argumentó que la integración de todos los servicios en un solo proveedor era necesaria para evitar incompatibilidades técnicas, debido a la complejidad del sistema. Sin embargo, desde el Tribunal de Cuentas instaron a realizar una nueva licitación que cumpla estrictamente con la ley de administración y fomente la concurrencia de oferentes.
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