El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula que suspendía los fondos para las casas de altos estudios tras el rechazo al veto presidencial. El fallo obliga al Poder Ejecutivo a girar las partidas para salarios, hospitales universitarios y becas.
En un revés judicial para la Casa Rosada, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 mediante la cual el Gobierno nacional había suspendido los efectos materiales de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). En su resolución, el magistrado ordenó al Poder Ejecutivo poner en marcha de manera inmediata la norma y dictar los actos administrativos necesarios para garantizar el flujo de fondos hacia las universidades públicas de todo el país.
El fallo unificó los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), instituciones que habían denunciado una maniobra de “fraude constitucional” y un “re-veto encubierto“, luego de que el Congreso ratificara la ley original con la mayoría especial de dos tercios tras un veto presidencial previo.
Los fundamentos contra la suspensión del Ejecutivo
El magistrado anuló la salvedad introducida por el Ejecutivo en el decreto de promulgación, donde se condicionaba la entrega de recursos a lo previsto por la Ley de Administración Financiera.
Cormick sentenció que, una vez que ambas cámaras del Congreso insisten con dos tercios, el presidente no tiene otra potestad que la promulgación irrestricta, sin posibilidad de crear instancias suspensivas no previstas en la Carta Magna.
El fallo determinó que la ley sí contemplaba mecanismos de cobertura en su artículo 9°, al habilitar la reasignación de partidas al Jefe de Gabinete y el uso de excedentes de recaudación corriente.
La resolución subrayó la inconsistencia del argumento del déficit fiscal esgrimido por el Estado, recordando que el propio Gobierno modificó el presupuesto por decreto y decisiones administrativas en seis oportunidades durante 2025.
Homologación de paritarias y partidas en juego
La sentencia dejó firme además los acuerdos salariales y presupuestarios acordados entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y los sindicatos docentes y no docentes:
– Salarios: Recomposición del 24,33% en dos tramos (21,33% retroactivo a junio y 3% en octubre) para compensar inflación y pérdida de poder adquisitivo.
– Gastos de funcionamiento: Incremento del 20% en las partidas operativas generales a partir de junio de 2026.
– Hospitales y becas: Asignación de una partida especial de $50.000 millones para la red de hospitales universitarios y una suba del 50% en el monto de las Becas Manuel Belgrano.
A su vez, gremios docentes y no-docentes llaman a una movilización el próximo 15 de octubre. Esta nueva Marcha Federal Universitaria se dará bajo la consigna de defender el presupuesto y en rechazo de una posible apelación del gobierno a la decisión del juez Cormick.
