Mientras a nivel nacional el proyecto de Ley de Ficha Limpia fue rechazado en el Senado, en Córdoba el Concejo Deliberante dio un paso en dirección opuesta. En comisión, se aprobó por unanimidad una ordenanza que busca impedir que personas con condenas por delitos dolosos puedan postularse o ejercer cargos públicos. La iniciativa fue fruto de la unificación de tres propuestas impulsadas tanto por oficialismo como por la oposición.
La votación definitiva en el recinto aún está pendiente, pero se anticipa un amplio respaldo, con una única disidencia ya anunciada: la concejala Laura Vilches (PTS-FIT) adelantó su rechazo. El debate tomó fuerza en las últimas semanas tras el caso de Diego Kraisman, exlegislador provincial vinculado a una causa por el cobro irregular de sueldos mediante una empleada fantasma, hecho que reavivó la discusión sobre la integridad en la función pública.
El texto aprobado introduce cambios en el Código Electoral Municipal, con la modificación del artículo 50 y la incorporación de los artículos 50 bis y 50 ter. Establece que no podrán ser candidatos quienes tengan condenas —efectivas o condicionales— por delitos dolosos, siempre que la sentencia esté ratificada por una instancia superior. También se aplicarán las inhabilitaciones que hayan sido impuestas como penas accesorias.
Además, el proyecto contempla un mayor control en el proceso de selección de candidatos. Se exigirá una declaración jurada a cada postulante y la Junta Electoral Municipal verificará los antecedentes penales. Asimismo, se amplían los criterios de inhabilitación a todos los funcionarios públicos, a través de reformas en el Código de Ética. Durante el debate, el concejal oficialista Martín Simonian destacó el consenso alcanzado entre los bloques, mientras que Soher El Sukaria, autora de una de las propuestas, celebró que Córdoba se encamine a ser la segunda ciudad del país con una norma de este tipo.
