En medio de la conmoción social por recientes femicidios y los cuestionamientos al accionar de jueces y fiscales, Armando Andruet, titular del Tribunal de Ética del Poder Judicial de Córdoba desde hace nueve años, brindó un pormenorizado diagnóstico sobre el funcionamiento de la Justicia provincial.
La entrevista se realizó en el marco de La Voz en Vivo, transmitida también por Canal C en Flow (canales 7, 539 y 540), donde el especialista analizó el rol del Tribunal de Ética y las sanciones aplicadas a magistrados.
Andruet recordó el caso del juez Francisco Rojo, sancionado por maltrato —especialmente hacia mujeres— y por delegar la totalidad de su trabajo administrativo y jurisdiccional. “La sanción se cumplió, aunque puede estar apelada en el ámbito contencioso administrativo”, aclaró, señalando la preocupación social sobre cómo se resarce la mala praxis judicial.
El límite de las sanciones y el rol del Jury
El funcionario explicó que el Tribunal de Ética tiene una función orientativa y no disciplinaria ni de destitución. “Nosotros no podemos disciplinar sancionando a nadie; generamos una recomendación ética y, si es grave, lo elevamos al Tribunal Superior para que ellos disciplinen”, detalló.
Subrayó que el único organismo con facultad para destituir a un magistrado es el Jurado de Enjuiciamiento (Yuri). Según Andruet, el Tribunal Superior de Justicia puede aplicar sanciones administrativas máximas, pero no apartar definitivamente a un juez sin el proceso del Yuri.
Debate sobre el fuero Anticorrupción
Consultado sobre el fuero Anticorrupción, Andruet sostuvo que existe una percepción colectiva de que “no cumple con la completa satisfacción de la expectativa”. Para el especialista, el problema puede radicar tanto en el diseño del sistema como en las personas que ocupan esos cargos.
“Cuando un modelo de competencias específicas no arroja los resultados esperados tras un tiempo determinado, debería pensarse en hacer algún otro ajuste o cambio”, afirmó, aunque destacó que Córdoba se mantiene “por encima del estándar general” del país.
Desafíos: redes sociales y recambio generacional
Otro punto señalado fue la conducta de los jueces en la esfera pública. Andruet advirtió que la libertad de expresión de los magistrados está “restringida o debilitada” por su función y criticó la ligereza con la que algunos se expresan en redes sociales.
“Los jueces podemos pensar de cualquier modo, pero no podemos decir ese modo en el que pensamos”, sentenció. También planteó la necesidad de una mirada crítica sobre el recambio generacional, con fiscales que rondan los 30 años, y cuestionó si la formación académica es suficiente para garantizar una buena justicia.
