El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) resolvió que el enfrentamiento en Dique Chico por las fumigaciones agrícolas constituye un conflicto ambiental colectivo. Con esta decisión, el máximo tribunal provincial desestimó la apelación presentada por los productores rurales, quienes habían intentado que la causa fuera tratada como una disputa individual. La resolución es contundente al confirmar la naturaleza del caso y dar la razón a la Comuna y a los vecinos que defienden el resguardo ambiental.
La controversia se originó en 2017, cuando la Comuna dictó la Resolución 242, que estableció una zona de resguardo ambiental donde se prohíbe la aplicación de agroquímicos. Los productores pidieron que esta norma fuera declarada inconstitucional. El fallo del TSJ destacó el carácter “novedosísimo” del caso, ya que se configura un “amparo ambiental inverso”: la defensa del ambiente proviene del propio municipio y de los vecinos que buscan sostener la prohibición de fumigaciones.
En el mismo expediente, el TSJ ya había dispuesto de manera provisoria suspender las fumigaciones alrededor de las escuelas de la localidad. Con esta nueva resolución, el tribunal ordena readecuar algunos párrafos para consolidar la “atípica” naturaleza del litigio, ratificando así que la causa se tramite como un conflicto ambiental colectivo que prioriza un bien común.
