El titular del Ente de Fiscalización y Control, Ezequiel Hormaeche, se presentó ante el Concejo Deliberante de Córdoba para responder interrogantes sobre los operativos municipales a la noche cordobesa. La citación se dio en el marco del femicidio de Agostina Vega y las graves denuncias públicas vinculadas a presuntos delitos en Wachitas Bar.
Durante una extensa reunión que se prolongó por más de siete horas, el funcionario expuso ante la Comisión de Legislación General. Allí, Hormaeche defendió el accionar de su dependencia y argumentó que enfrentan una lucha contra “mafias” que llevan años instaladas en el rubro del entretenimiento nocturno.
Al ser consultado puntualmente por el historial de Wachitas, el titular del organismo apuntó al origen administrativo del permiso comercial. Según sostuvo ante la veintena de concejales presentes, el establecimiento estuvo “mal habilitado en 2017”, asegurando que en aquel entonces se omitieron requisitos que eran de carácter esencial para funcionar.
Clausuras, denuncias y revocación de permisos según Hormaeche
Hormaeche detalló que la Municipalidad revocó la habilitación de Wachitas a principios de junio, luego de haber concretado tres clausuras previas en el lugar. Además, buscó despegar la medida administrativa de la investigación penal al afirmar que el cierre definitivo respondió a infracciones edilicias y de actividad, no a la causa judicial en curso.
Ante las consultas sobre presuntos delitos de gravedad en ese recinto, el funcionario negó tener conocimiento oficial de los hechos. Aseguró que desde la dependencia “totalmente, no tenemos ni denuncias” sobre presunta trata de personas, y remarcó que se anticipó una inspección solo por escuchar el nombre del bar en los medios de comunicación.
En ese sentido, argumentó que cuando el municipio detectó actividades ilícitas en otros locales, actuó en consecuencia. Señaló que en los establecimientos donde tuvieron pruebas sobre la existencia de drogas u otros delitos ajenos al control municipal, “se hicieron las denuncias pertinentes desde Fiscalización” ante la Justicia.
Incremento de actas y tensiones internas
Por otro lado, Hormaeche intentó respaldar estadísticamente la gestión actual afirmando que los operativos en la calle se multiplicaron considerablemente. Aseguró que históricamente se promediaban entre 70 y 90 clausuras anuales, mientras que en la actualidad “estamos hablando de 700 actas” labradas por los inspectores a cargo.
Finalmente, el funcionario reveló que sufrió amenazas personales y agresiones debido a los controles aplicados a las estructuras ya consolidadas de la noche. También reconoció que enfrenta un boicot por parte de sectores internos de la propia municipalidad que rechazan acoplarse a la nueva modalidad de trabajo del Ente.
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