Entre los invitados notables que asistieron a las actividades conmemorativas por el centenario del Colegio de Abogados de Córdoba, se encuentra Eugenio Ribón Seisdedos, decano y presidente del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (Icam), una de las entidades profesionales de mayor prestigio a nivel internacional. Es un especialista pionero en derecho de consumo, ha liderado acciones clave frente a cláusulas abusivas, es autor de numerosas publicaciones y figura destacada en arbitrajes y defensa del consumidor.
Perfil CÓRDOBA lo entrevistó con motivo de la relevancia de su trayectoria. Felicitó al Colegio de Abogados de Córdoba por los 100 años de su creación y destacó que “como soporte de la sociedad civil, es clave y una parte esencial de la defensa del Estado de derecho, más allá de ser una institución gremial”. El diálogo transcurrió sobre los nuevos desafíos que representa la Inteligencia Artificial (IA) para los operadores judiciales, su visión sobre la región y particularmente sobre Argentina, la democracia y la seguridad jurídica.
–¿Qué desafíos representa la IA para la abogacía y la justicia? Es una herramienta que puede potenciar el trabajo, pero también ejercer un dominio sobre ciudadanos, públicos y consumidores.
–La Inteligencia Artificial es un cambio de paradigma en el ejercicio de la abogacía. Nos enfrentamos a demandas de la ciudadanía que exigen una respuesta con mayor inmediatez a la que da una justicia tardía. Cuando llega de modo extemporáneo, la justicia no es justicia. Tenemos experiencias interesantes en muchos sistemas judiciales. En Estados Unidos, el software Compas (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions) se utilizaba para evaluar el riesgo de reincidencia de los acusados y, sin embargo, se ha demostrado que había sesgos que condicionaban su resolución. En China, se implementó el juez de Inteligencia Artificial con unos resultados asombrosos. El Tribunal de Internet de Beijing que asistía a casos rutinarios, alcanzó una tasa de éxito acreditada de más del 98%. En Estonia se desarrolló el juez robot para disputas menores a 7.000 € y en Argentina el sistema Prometea, utilizado por el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires, parece haber reducido el tiempo para ciertos trámites, de tres meses a cinco días.
–¿Optimizar los recursos y acelerar el tiempo de resolución es el mayor logro?
–Frente a esa hiper automatización, uno de los grandes retos es no perder de vista el paradigma esencial de la justicia, el trasfondo de humanidad. Se requiere congeniar la automatización para labores que tienen que ser realizadas con mayor celeridad, donde el ciudadano no puede esperar, con el sentimiento que le tiene que dar un ser humano a la evaluación de las normas con su capacidad evolutiva, porque la jurisprudencia y el derecho son evolución. Si sólo nos basamos en los precedentes, seguiríamos entendiendo que la esclavitud forma parte del sistema jurídico y que la mujer está sometida al hombre. Seguiríamos admitiendo que los derechos humanos no son los que entendemos hoy en día.
–En las experiencias más avanzadas, ¿lograron eliminar el sesgo?
–No, porque todavía no se ha llegado a implementar totalmente. En la Unión Europea se ha elaborado la primera gran norma a nivel intencional sobre la implementación de la IA y el gran reto consiste en delimitar las funciones en las que la inteligencia artificial no puede suplir la labor del ser humano.
–En un futuro, ¿cree que un juez será sustituido por Inteligencia Artificial?
–Un juez nunca llegará a ser suplido por Inteligencia Artificial. Siempre será un elemento de auxilio. Un magistrado español lo plantea de un modo magistral. Es Manuel Marchena, presidente del Tribunal Supremo. Analizó que en China los escritos de acusación que hacía el Ministerio Fiscal y que fueron sustituidos por Inteligencia Artificial para determinar delitos menores, tenían una tasa de error inferior al uno y pico por ciento. Frente a la celeridad que impone la IA, ¿es necesario perder la impronta de la justicia con ese margen de error? Si sustituimos al fiscal, el paso siguiente es sustituir al abogado y luego al juez.
–Desde esa perspectiva, ¿cree que nuestros sistemas acompañan los cambios sociales, cada vez más vertiginosos?
–La clave del legislador es regular los usos y no las tecnologías. Las tecnologías son pasajeras y siempre van a quedar obsoletas. Una parte de las legislaciones están optando por una regulación de la tecnología, cuando es algo efímero por sí mismo. En la tendencia regulatoria del uso y no de la tecnología radica el éxito de lo que vaya a hacer el legislador del mañana y, por lo tanto, de la convivencia de la sociedad.
–¿Cómo observa al sistema judicial en América Latina y Argentina?
–A nivel global, no sólo en América latina, hay retrocesos importantes en la separación de poderes, que es la piedra angular de la defensa del Estado de derecho y de nuestras democracias. Hoy en día las democracias no se extinguen por un golpe de Estado, sino que se socava el poder de la ciudadanía con actos aparentemente menos nocivos, que son tolerados como un mal menor. Esto ocurre también en países con democracias avanzadas y no sólo en sistemas autocráticos. En el caso concreto y en el ámbito de los consumidores, donde tengo una aproximación mayor, Argentina está muy avanzada. Uno de los grandes problemas que probablemente tenga Argentina, como España, es no ser consciente de sus propias virtudes. Estamos en un momento en que la Unión Europea está regulando los derechos colectivos. Hay que contemplar que Argentina está más avanzada. Con la modificación constitucional del artículo 43 que se hizo en los años ‘90, es un ejemplo en el que probablemente se vaya a mirar la Unión Europea a la hora de regular los derechos colectivos. O sea, tiene sus luces y sus sombras, pero Iberoamérica no debe mirar siempre hacia Europa o Estados Unidos para avanzar, porque a veces es la UE la que tiene que mirar a Iberoamérica para seguir su senda.
El Colegio de Abogados presentó Legalia, su IA predictiva
Seguridad jurídica
Consultado respecto a la seguridad jurídica, Eugenio Ribón Seisdedos sostuvo que “es la base del crecimiento económico y social de cualquier Estado. Si no hay seguridad jurídica, no hay inversiones. Si no hay inversiones, no hay empleo, si no hay empleo, la convivencia social quiebra. Es la certidumbre de lo que puede prever racionalmente una empresa o cualquier ciudadano como consecuencia jurídica de sus actos”.
En ese sentido, añadió: “Es la clave del equilibrio entre los poderes del Estado, los derechos y los deberes de los ciudadanos. Devaluar la seguridad jurídica en una suerte de modificación imprevisible con resoluciones judiciales, normativas y legislativas, es el mayor riesgo para generar un quiebre económico y social”.
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