Estado de emergencia en Perú: cuáles son las fuertes restricciones que paralizarán Lima y Callao por un mes

Lima quedará paralizada por un mes luego de que el presidente de Perú, José Jerí, decretara el estado de emergencia para enfrentar la ola de violencia, lo que implicó la suspensión temporal de algunos derechos constitucionales a partir de este miércoles. La medida también alcanza a la ciudad portuaria de Callao y afectará a más de 10 millones de personas.

Según el decreto publicado en el diario oficial El Peruano, mientras dure la medida quedan suspendidos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, en un contexto de múltiples protestas contra el Gobierno y el Congreso por diversos motivos, entre ellos la inseguridad.

Las nuevas normas permiten que las fuerzas de seguridad ingresen a cualquier vivienda y detengan a sospechosos dentro o fuera del domicilio sin orden judicial, y prohíben que la población se reúna para manifestaciones sin autorización de las autoridades.

También contempla que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en el combate al crimen organizado mediante patrullas en zonas críticas, como paraderos, estaciones de metro e instituciones asociadas, y en otras situaciones de violencia.

Policías y militares custodiarán dependencias públicas e instalarán comandos temporales en coordinación con los municipios más afectados, con operativos de decomiso de armas, municiones, explosivos ilegales y artefactos pirotécnicos.

El estado de emergencia establece además restricciones en las cárceles, limitando las visitas a los internos, aplicando apagones en las celdas que permiten únicamente la iluminación y eliminando las antenas telefónicas ilegales en los alrededores.

En cuanto al tránsito, se prohíbe que dos adultos viajen en la misma moto, y las autoridades podrán solicitar documentos de identidad en las calles e incluso ingresar por la fuerza a viviendas.

El Comité de Fiscalización llevará a cabo operativos de control con apoyo de las fuerzas combinadas en áreas donde se identifiquen casos de trata de personas, venta ilegal de drogas y armas.

Las mismas medidas se aplicarán a la venta informal de chips telefónicos y equipos celulares de dudosa procedencia, suspendiendo de inmediato las líneas vinculadas a extorsiones o secuestros, según la ley vigente.

En un mensaje televisado de apenas un minuto a las 20:30 (hora local), Jerí afirmó: “La delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y afectando el progreso del país. Pero esto ¡se acabó!“.

Agregó que “el estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00 horas y por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao”, y subrayó que el gobierno pasa “de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen, recuperando la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos”.

“Las guerras se ganan con acciones, no con palabras. ¡Viva Perú!”, concluyó.

La medida es la primera acción de envergadura que toma Jerí en casi dos semanas al frente del país, donde la inseguridad es una de las principales preocupaciones de la población.

El Presidente no aclaró si pedirá al Parlamento derogar seis leyes aprobadas mientras fue legislador, consideradas por expertos como obstáculos para combatir el crimen, ya que eliminan la detención preliminar sin flagrancia, dificultan procesar partidos políticos como grupos criminales, elevan requisitos para confiscar bienes y entorpecen allanamientos y cooperación eficaz.

Durante una multitudinaria protesta la semana pasada, que dejó un muerto en enfrentamientos con la policía, los manifestantes exigieron la renuncia del mandatario, la disolución del Parlamento y la derogación del paquete de leyes que, según expertos, debilitó la lucha contra la delincuencia.

Perú registra un marcado aumento de los delitos en los últimos años, con la mayoría de víctimas de la clase trabajadora: los homicidios pasaron de 676 en 2017 a 2.082 en 2024, mientras que las denuncias por extorsión subieron de 2.305 en 2020 a 21.746 el año pasado, según datos de la fiscalía.

El gobierno de Boluarte había declarado un estado de excepción en marzo, que se extendió hasta mayo, medida criticada por su escasa eficacia frente a los grupos criminales.