El fiscal general de España anunció su dimisión después de que el Tribunal Supremo lo declarara culpable la semana pasada de filtrar información confidencial en un caso que involucraba a la pareja de una figura destacada de la oposición.
Este caso sin precedentes supone un duro golpe para el gobierno de coalición de izquierdas del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien nombró a Álvaro García Ortiz en 2022 y ha defendido su inocencia en repetidas ocasiones.
En una carta vista por Reuters, García Ortiz afirmó que su decisión de dimitir, antes de la sentencia de inhabilitación de dos años, se debía a un “profundo respeto” por las sentencias judiciales.
“Aunque mi decisión se deriva directamente de la sentencia, estoy convencido de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional”, decía la carta dirigida al ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Su salida era ampliamente esperada a pesar de que el Tribunal Supremo aún no ha dado sus razones para el veredicto y García Ortiz aún puede apelar ante el Tribunal Constitucional de España y, en última instancia, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo.
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