A casi ocho meses de su detención, el exreferente del Partido Justicialista, Guillermo Kraisman, sigue involucrado en una causa por contrataciones irregulares en la Legislatura de Córdoba. La investigación, liderada por el fiscal anticorrupción Franco Mondino, apunta también contra Virginia Martínez, acusada de ser una “empleada fantasma” utilizada para intentar cobrar más de $950.000 de manera fraudulenta.
El caso se destapó gracias a la advertencia de una cajera del Banco de Córdoba, que detectó la maniobra cuando Kraisman intentó retirar el dinero utilizando un DNI vencido. En esa oportunidad, fue detenido junto a Luciana Castro, en una situación que puso bajo la lupa el funcionamiento de los nombramientos legislativos.
Una figura central en esta trama es la madre de Martínez, Patricia Defunchio, quien también fue arrestada por presuntamente entregar el documento de su hija para facilitar el fraude. Sin embargo, el fiscal Mondino resolvió declararla inimputable, ya que, según peritajes, “no comprende la criminalidad de sus actos”, por lo que quedará excluida de la causa.
La causa también salpica a la legisladora Nadia Fernández, quien firmó la designación de Martínez en diciembre de 2024. Aunque declaró que la dio de baja el 8 de enero por inasistencias, el abogado de la imputada, Gustavo Castellano, presentará un escrito en el que denunciará a Fernández y a otros funcionarios por falso testimonio, incluyendo a la vicegobernadora Myrian Prunotto, responsable de firmar el decreto de designación.
En su defensa, Martínez declaró no conocer a Fernández ni haber trabajado en la Legislatura. Además, asegura que su identidad fue usurpada y que jamás autorizó el uso de su documentación. La causa, que combina delitos como defraudación, uso de documento falso y falso testimonio agravado, se encamina al juicio oral, mientras Kraisman ya ofreció una compensación económica de $1.500.000 y pidió el beneficio de prisión domiciliaria bajo juicio abreviado.
