La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) presentó una nota formal ante el fiscal general del Ministerio Público Fiscal, Juan Manuel Delgado, para solicitar la continuidad de la investigación penal por la presunta filtración de preguntas en un concurso judicial. El gremio busca que se revise el reciente sobreseimiento del ex defensor público Eduardo Caeiro, acusado de “violación de secreto” por favorecer el ingreso de cuatro empleadas mediante la entrega anticipada del examen.
El 7 de octubre, la Cámara de Acusación de Córdoba resolvió por unanimidad el sobreseimiento de Caeiro y de las cuatro empleadas involucradas —Paz María Sonzini Astudillo, Ana Martha Ruiz Tamagnini, Mariana Lorenzati y Florencia Zuliani— al considerar que el hecho era “atípico”. Los vocales Carlos Alberto Salazar, Patricia Farías y Mario Capdevila argumentaron que el ex funcionario, al integrar el tribunal evaluador del concurso, no actuó en ese contexto como funcionario público, por lo que no podía aplicarse el artículo 157 del Código Penal.
La AGEPJ, encabezada por su secretario general Federico Cortelletti, sostiene que el fallo “es contrario a derecho y lesiona tanto los principios de transparencia e igualdad en el sistema de concursos judiciales como la credibilidad de la justicia”. Por eso, solicitaron que el Ministerio Público Fiscal garantice la continuidad de la investigación para que el caso no quede impune.
Desde el gremio judicial remarcaron que la decisión de la Cámara resulta “profundamente contradictoria porque no se puede ser magistrado ejemplar en el despacho y actuar con opacidad en un concurso del mismo sistema judicial”. En ese sentido, insistieron en que es indispensable preservar la confianza pública en los mecanismos de selección y ascenso dentro del Poder Judicial.
