La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) propuso una modificación importante en la manera en que los fabricantes deben informar sobre los ingredientes utilizados en alimentos. La iniciativa busca cerrar un vacío regulatorio vigente desde hace décadas, aunque dejó pendiente uno de los anuncios más esperados: establecer una definición oficial de qué se considera un alimento “ultraprocesado”.
La propuesta fue enviada este lunes al Registro Federal y apunta directamente al sistema conocido como Generally Recognized As Safe (GRAS), que permite utilizar determinadas sustancias consideradas generalmente reconocidas como seguras.
En la actualidad, las compañías pueden determinar que un ingrediente cumple con esa condición a partir de evidencia científica o de antecedentes de uso y comercializar productos que lo contienen sin necesariamente notificar previamente a la FDA.
La nueva regla busca cambiar ese mecanismo y establecer un sistema obligatorio de notificación.
“Si se finaliza, esta regla transformaría formalmente el marco GRAS de un programa voluntario a un sistema de notificación obligatorio”, explicó Kyle Diamantas, comisionado interino de la FDA.
El requisito alcanzaría tanto a nuevos ingredientes como a sustancias que ya se encuentran actualmente en el mercado bajo ese sistema.
Un mecanismo creado hace casi 70 años
El sistema GRAS fue establecido en 1958 como una excepción dentro de las regulaciones sobre aditivos alimentarios. Sin embargo, con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en una de las principales vías utilizadas para incorporar nuevas sustancias al suministro de alimentos de Estados Unidos.
Según Diamantas, el mecanismo llegó a superar ampliamente al procedimiento formal mediante el cual las compañías presentan peticiones a la FDA para conseguir la aprobación de nuevos aditivos.
El cambio podría tener consecuencias importantes para toda la industria.
“Esto es algo enorme para la industria alimentaria”, afirmó Amaru Sanchez, abogado especializado en alimentación y agricultura de Akin Gump Strauss Hauer & Feld. Según explicó, proveedores, fabricantes y minoristas deberán analizar cuáles serían las consecuencias prácticas de una eventual aprobación de la regulación.
Sin embargo, también existe una incógnita jurídica: si la FDA posee autoridad suficiente para transformar el sistema voluntario en uno obligatorio.
En 2021, un juez federal determinó que la agencia tenía autoridad para establecer el mecanismo voluntario existente. Para Sanchez, exigir una notificación obligatoria plantea una cuestión diferente que podría terminar generando disputas judiciales.
La propuesta también despertó críticas porque la administración del presidente Donald Trump volvió a postergar una definición federal de los llamados alimentos ultraprocesados.
El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., había anticipado anteriormente que esa definición estaría disponible para abril. Sin embargo, llegado ese mes, Diamantas reconoció las dificultades para establecer un criterio uniforme.
“Una definición de alimentos ultraprocesados es realmente difícil”, había explicado.
Uno de los principales obstáculos es que no existe un consenso científico único sobre qué productos deben ingresar dentro de esa categoría. También continúa el debate científico sobre cómo evaluar sus posibles efectos negativos sobre la salud.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y el Departamento de Agricultura (USDA) ya presentaron una propuesta de definición destinada a establecer una base para futuras investigaciones federales sobre nutrición, pero su contenido todavía no fue difundido.
“Se compartirá información adicional sobre los alimentos ultraprocesados en el futuro”, afirmó Diamantas.
Las dudas sobre el nuevo control de ingredientes
Marion Nestle, profesora emérita de nutrición, estudios alimentarios y salud pública de la Universidad de Nueva York, consideró positivo que las compañías tengan que informar obligatoriamente sobre los ingredientes, pero señaló que seguiría existiendo un punto controvertido.
Las propias empresas continuarían siendo responsables de presentar la evidencia científica que demuestre que sus sustancias son seguras y podrían contratar a sus propios expertos para respaldar esas conclusiones.
La especialista también planteó dudas sobre la capacidad de la FDA para revisar una cantidad potencialmente elevada de notificaciones, especialmente después de los despidos y los problemas de personal registrados en la agencia durante la administración Trump.
Otra incógnita es qué ocurrirá cuando la FDA considere insuficiente la evidencia presentada por una empresa.
“También sería bueno tener una declaración clara sobre qué sucede si la FDA rechaza lo que envía la compañía. ¿Significa eso que la empresa no puede utilizar el aditivo?”, cuestionó Nestle.
El cambio llega en medio de grandes brotes alimentarios
El debate ocurre mientras Estados Unidos enfrenta varios brotes de enfermedades transmitidas por alimentos.
Entre ellos se encuentra uno de los mayores episodios de ciclosporiasis registrados en el país, con más de 10.000 casos confirmados, además de investigaciones por brotes de salmonela relacionados con huevos y jalapeños.
En este contexto, funcionarios adelantaron que la FDA también publicará nuevas orientaciones sobre riesgos biológicos relacionados con productos frescos cortados y listos para consumir.
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