Tras un debate caliente donde se revolearon denuncias de aprietes, cambios de votos y negociaciones espurias con los gobernadores, el oficialismo logró sostener en la Cámara de Diputados el veto a la ley que recompuso los haberes jubilatorios en un 7,2% y aumentó el bono de $70.000 a $110.000. La norma no alcanzó los dos tercios necesarios para quedar firme: recibió 160 votos afirmativos, 83 negativos y seis abstenciones.
Si esas seis abstenciones se transformaban en seis votos favorables, la ley quedaba en pie. Los diputados que eligieron no votar, y de esa manera colaboraron con el Gobierno, fueron María Eugenia Vidal (PRO), la entrerriana Marcela Antola (representa al gobernador Rogelio Frigerio) y los cuatro misioneros manejados por el exgobernador Carlos Rovira (Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Vancsik). Además, hubo ocho ausentes.
Se levantaron suspicacias sobre el papel de los gobernadores aliados al Gobierno nacional luego de que, en cuestión de horas, algunos diputados cambiaran su postura entre la primera votación (la de la habilitación del tratamiento sobre tablas) y la segunda (la insistencia en la ley).
Algunos ejemplos: el entrerriano Atilio Benedetti (alineado a Frigerio) y el chaqueño Gerardo Cipolini (obedece a Leandro Zdero) se ausentaron en la primera votación y bajaron a votar en contra en la segunda. Otros directamente pasaron de afirmativo a negativo, como el santacruceño José Luis Garrido, alineado a Claudio Vidal, integrante del grupo Provincias Unidas.
Los diputados llegaron a la votación con final abierto y el jefe del bloque radical, Rodrigo De Loredo, sorprendió con una propuesta de fraccionar la votación para ratificar algunos artículos del veto y rechazar otros. La insistencia parcial era la salida que buscaba el cordobés para sostener el artículo que recompone los haberes en un 7,2% y voltear otros. La propuesta fue apoyada por Juan Manuel López, de la Coalición Cívica.
Rápido de reflejos, el cordobés Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, se opuso y recordó que los últimos antecedentes establecen una votación integral. Toda la oposición lo siguió y decidieron ir a todo o nada, convencidos de que si abrían la votación podía ser peor. Además, empezaban a crecer sospechas de un acuerdo de De Loredo con Martín Menem. “Que deje de felpudear”, le espetaron en la izquierda.
Tras una discusión que levantó temperatura, el “lilito” López retiró la moción. “Si no hay número, jueguen este juego de polarización y caguen a la gente”, se indignó. El veto finalmente se sometió a una única votación, que resultó negativa. De Loredo salió del recinto creído de que, si su propuesta prosperaba, podía “salvarse” el aumento del 7,2%.
El debate estuvo cruzado por fuertes denuncias de la oposición. “Si vos venís a transfugiar tu voto acá y traicionás a los jubilados que no pueden llegar a fin de mes, no sos digno de estar sentado en estas bancas. No hay llamado del Gobierno nacional, no hay llamado del gobernador de tu provincia, no hay llamado de nadie que te tenga que dar vuelta el voto. Te está mirando el país”, enfatizó el líder de Democracia para Siempre, Pablo Juliano.
Cuando ya se olía la derrota, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, reforzó el mensaje. “Hay algunos que aportaron a los dos tercios para habilitar este tema y están mirando para otro lado. Otros contribuyeron a la media sanción y están mirando para otro lado. Hay que tener convicciones alrededor de este tema. Los derechos de los jubilados no pueden estar en la mesa de negociación que se le cante a algún diputado”, advirtió.
En la misma línea, el radical Carbajal denunció que “algunos gobernadores están presionando a sus diputados” y les exigió: “No sean crápulas. Es una forma de corrupción cambiar ATN por jubilados”.
Lo cierto es que el resultado final significó un verdadero alivio para el oficialismo, que no solo no pudo blindar el veto a la emergencia en discapacidad, sino que además sufrió este mismo miércoles la fractura del bloque, con la partida de tres diputados: Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro (San Luis) y Gerardo Gonzélez (Formosa). Los dos primeros votaron todo junto con la oposición.
Debate caliente
Aunque el Gobierno sostiene que la ley no podrá solventarse, en la oposición aseguraron lo contrario. “La fiesta financiera de (Luis) Caputo paga la totalidad de los costos de esta ley”, enfatizó Nicolás Massot, autor del capítulo de financiamiento, que prevé echar mano (entre otros) a fondos de la Secretaría de Inteligencia; a sobrecargos y comisiones que el FMI ya no cobra a la Argentina; y eliminar exenciones impositivas para las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR), una herramienta de financiamiento para pymes.
El diputado de Encuentro Federal sostuvo que además de las fuentes previstas en la norma, “ayudaría si este neokirchnerismo le afloja a la maquinita a la que le está dando desde el Banco Central con un único fin: que la pulseada entre las tasas de interés y el tipo de cambio la gane la tasa de interés por lo menos hasta el 26 de octubre”.
El jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, también hizo un llamado de atención a Milei. “El Gobierno tiene una visión muy precaria, muy limitada y escasa desde el punto de vista de la construcción de las instituciones. Su mirada es sanción de una ley, veto, tratar de ver cómo se bloquea la insistencia en el Congreso, y el DNU como mecanismo de gobernabilidad. Esto no ayuda”, analizó.
La ley vetada otorgaba una recomposición del 7,2% para todos los haberes (menos los regímenes especiales) en concepto de lo perdido frente a la inflación de enero de 2024. Paralelamente, aumentaba el bono de los $70.000 actuales (valor congelado desde marzo del año pasado) a $110.000, y hacia adelante establecía una actualización mensual por la movilidad jubilatoria, para evitar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.
En materia de ingresos también había un capítulo para las provincias, ya que incluía un régimen de automaticidad de las transferencias a cajas previsionales no transferidas que cumplieron con las auditorías. Por otra parte, quedaba fijada por ley la fórmula de movilidad vigente, que el Gobierno estableció por DNU.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal del aumento del 7,2% era de $1.673.494 millones (0,20% del PIB) para lo que queda del año y ascendía a $3.402.182 millones (0,41% del PIB) anualizado. En lo que respecta al aumento del bono, el costo era de $1.015.676 millones (0,12% del PIB), con un anualizado estimado en $3.136.117 (0,38% del PIB).
En tanto, el costo de las transferencias a cajas previsionales era de $1.405.413 (0,17% del PIB) entre agosto y diciembre de 2025, con un costo anualizado de $3.155.475 millones (0,38% del PIB).
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