
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó que existen indicios creíbles de que carteles de la droga mexicanos están ofreciendo recompensas escalonadas por ataques contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La información fue difundida por ABC News a partir de un comunicado oficial del DHS.
El documento advierte que las organizaciones criminales han estructurado un sistema de incentivos económicos para promover la violencia contra el personal federal que opera en distintas zonas del país. La amenaza incluye desde la recopilación de información sobre agentes hasta ataques letales contra mandos de alto rango.
De acuerdo con el DHS, esta situación representa una escalada grave en la ofensiva de los carteles contra las instituciones encargadas del control fronterizo. La agencia federal calificó la maniobra como una “campaña organizada de terror” que pone en riesgo directo a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Estados Unidos.
Los carteles y las pandillas contra los agentes de ICE
Según la información revelada por el DHS, los carteles han difundido un “programa de recompensas estructurado” para incentivar la violencia contra los agentes federales. El esquema ofrecería 2.000 dólares por tareas de inteligencia o divulgación de datos personales (doxing), 5.000 a 10.000 dólares por ataques no letales o secuestros, y hasta 50.000 dólares por el asesinato de funcionarios de alto rango del ICE o la CBP.

En declaraciones difundidas por ABC News, la secretaria del DHS, Kristi Noem, señaló: “Estas redes criminales no sólo se resisten al estado de derecho, sino que están librando una campaña organizada de terror contra los valientes hombres y mujeres que protegen nuestras fronteras y comunidades”. Añadió además: “Nuestros agentes se enfrentan a emboscadas, vigilancia con drones y amenazas de muerte, todo porque se atreven a aplicar las leyes aprobadas por el Congreso. No cederemos ante estas amenazas, y todo criminal, terrorista e inmigrante ilegal se enfrentará a la justicia estadounidense”.
La investigación federal también vincula a la pandilla Latin Kings, con sede en Chicago, en este entramado criminal. Hace dos semanas, el Departamento de Justicia acusó a un miembro de dicha organización de ofrecer una recompensa por Greg Bovino, comandante de la CBP que supervisa las operaciones de aumento de inmigrantes en Los Ángeles, Chicago y Portland.

Además, el DHS informó que los Latin Kings han desplegado “observadores” armados con armas de fuego y sistemas de comunicación por radio para informar en tiempo real sobre los movimientos de los agentes federales. Este tipo de acciones, según las autoridades, demuestra un nivel de coordinación avanzado entre las pandillas locales y los carteles mexicanos.
La tensión política por el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois
El informe del DHS se publicó mientras el país enfrenta una controversia legal sobre el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago, como medida de protección para agentes federales y oficinas de control migratorio. La jueza de distrito April Perry bloqueó temporalmente el envío de tropas provenientes de otros estados, una medida que estará vigente durante 14 días.
En su fallo, Perry argumentó que no existe evidencia creíble de peligro de rebelión en Illinois, y advirtió que el despliegue “probablemente provocará disturbios civiles” que requerirán una respuesta adicional de las fuerzas del orden locales y estatales. La jueza también señaló la “naturaleza provocativa de la actividad de control de ICE” en el estado y subrayó: “Creo que permitir que se despliegue la Guardia Nacional solo agregará leña al fuego que ellos mismos iniciaron”.

El Departamento de Justicia apeló la decisión, pero un tribunal federal de apelaciones rechazó el recurso, manteniendo vigente la suspensión del despliegue. Sin embargo, el tribunal permitió que el gobierno federal conservase el control operativo de las tropas de la Guardia Nacional de Illinois.
Según ABC News, este conflicto jurídico refleja las crecientes tensiones entre el gobierno federal y los tribunales sobre cómo abordar la seguridad fronteriza en territorio estadounidense. Mientras las autoridades intentan reforzar la protección de los agentes, los jueces buscan evitar medidas que puedan intensificar la confrontación con las comunidades locales.
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