Empresas, inteligencia artificial y seguridad jurídica: qué está en juego en la reforma de la …

Constituir una empresa en menos tiempo, digitalizar los registros, incorporar nuevas tecnologías y revisar las responsabilidades de administradores y socios: esas son algunas de las discusiones que abre el anteproyecto de reforma de la Ley General de Sociedades, una norma que organiza buena parte de la vida de las empresas argentinas y cuya modificación tendría efectos mucho más allá del ámbito jurídico.

El debate llegó al Colegio de Abogados de Córdoba, que reunió a reconocidos especialistas en Derecho Societario para analizar una propuesta sobre la que existe una coincidencia inicial respecto a la necesidad de modernizar la legislación, pero profundas diferencias respecto de cómo hacerlo.

Ejes del debate

Uno de los ejes centrales es la digitalización. Julia Figueroa Day describió un sistema registral argentino fragmentado entre 24 jurisdicciones, con procedimientos y niveles tecnológicos muy diferentes. En ese escenario destacó el caso de Córdoba, cuya Inspección de Personas Jurídicas presenta, según explicó, un grado de digitalización que no se replica integralmente en el resto del país.

El anteproyecto propone trámites societarios electrónicos y remotos, libros digitales, un Registro Nacional de Sociedades y un legajo digital único. Para Figueroa Day, esas herramientas podrían reducir tiempos y costos y acercar a la Argentina a experiencias regionales donde constituir una empresa demanda horas, en lugar de semanas. Sin embargo, la simplificación no está garantizada: la especialista advirtió que algunas disposiciones, como la judicialización obligatoria de resoluciones registrales, podrían encarecer procedimientos que hoy son administrativos.

La inteligencia artificial (IA) es otro punto que obliga a mirar hacia adelante. Daniel Roque Vítolo sostuvo que la IA ya interviene cotidianamente en procesos empresariales, logística, servicios y toma de decisiones, y que el Derecho no puede regular las sociedades como si eso no existiera. Pero su diagnóstico no implica avalar cualquier solución. Vítolo cuestionó la regulación propuesta para las llamadas sociedades automatizadas y las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO). Para el especialista, el desafío será determinar hasta dónde puede llegar la autonomía de los sistemas tecnológicos, cómo garantizar la supervisión humana y quién responde si una decisión apoyada en algoritmos produce daños.

Rafael Mariano Manóvil también considera necesaria una reforma, pero advirtió que modernizar no equivale necesariamente a mejorar. Entre sus críticas mencionó la eliminación de tipos societarios, la reducción de determinadas normas de protección de los socios y exigencias que, en algunos casos, podrían generar más burocracia e inseguridad jurídica. Allí aparece uno de los nudos del debate: cómo actualizar una ley concebida para otro tiempo, sin reemplazar viejas rigideces por nuevas incertidumbres.

“Los abogados no debemos intervenir recién cuando una ley ya está sancionada. También tenemos una responsabilidad en su discusión, porque conocemos cómo esas normas funcionan en la práctica y podemos advertir consecuencias no deseadas”, afirmó Bittar.

La discusión societaria puede parecer lejana para quien no trabaja con estatutos. No lo es: detrás de esas reglas hay empresas que invierten, emprendedores que buscan formalizar una actividad, socios que resuelven conflictos y trabajadores vinculados a organizaciones que necesitan previsibilidad. Por eso, más que decidir entre innovación o control, el desafío parece ser otro: lograr una reforma que permita operar con mayor agilidad y aprovechar las nuevas tecnologías sin debilitar la seguridad jurídica. Ese equilibrio será el verdadero centro de la discusión que viene.