Hace unos días, Llaryora anunció la construcción de una nueva unidad penitenciaria en medio de la grave crisis carcelaria que afecta a la provincia. ¿Existe la posibilidad de que el gobernador declare finalmente la emergencia carcelaria? ¿Qué antecedentes existen en la provincia sobre esta problemática?
La declaración de emergencia carcelaria no es un hecho inédito en Córdoba y la posibilidad de que este anuncio se repita es muy probable. Ya en 2008, el gobierno provincial, encabezado en aquel entonces por Juan Schiaretti, emitió un decreto anunciando la emergencia carcelaria ante el colapso del sistema penitenciario.
Aquella medida tenía una vigencia de 36 meses y se sustentó en la necesidad de implementar un plan integral de reforma carcelaria.
La realidad es que los esfuerzos previos, como la construcción de la Cárcel de Cruz del Eje, fueron solo un pequeño viento que, lejos de apagar el fuego, terminó evidenciando la crisis de sobrepoblación que afectaba a las cárceles de la provincia. De hecho, la demanda de plazas penitenciarias continuaron en aumento. A ello se sumaba el deterioro de las instalaciones existentes, muchas de las cuales ya no cumplían con los estándares adecuados para el alojamiento de internos.
Entre las principales acciones dispuestas por el gobierno, se destacaron:
La construcción de cuatro nuevos módulos en el Complejo Carcelario N° 1 “Rdo. Padre Luchesse”, con capacidad para 500 plazas cada uno.
La creación de una Alcaidía con espacio para 250 internos.
La construcción de un nuevo complejo carcelario en Río Cuarto para 500 reclusos, en reemplazo del Establecimiento Penitenciario N° 6.
La incorporación de 200 nuevos agentes al Servicio Penitenciario, incluyendo técnicos, profesionales y guardiacárceles.
Programas de capacitación y reinserción laboral para los internos liberados.
Un plan ambicioso, pero con resultados limitados
Si bien la emergencia declarada en 2008 permitió avanzar en la construcción de nuevas unidades penitenciarias, el problema de fondo persistió. La población carcelaria continuó en ascenso, y las reformas implementadas no lograron solucionar de manera definitiva el hacinamiento y las deficiencias estructurales del sistema.
