El exconcejal y dirigente peronista Guillermo Kraisman será juzgado por un intento de defraudación contra la administración pública, tras ser acusado de intentar cobrar un millón de pesos utilizando el DNI de la conocida “empleada fantasma” de la Legislatura de Córdoba.
El fiscal en lo Penal Económico de Segunda Nominación, Franco Mondino, concluyó la investigación y solicitó la elevación a juicio, medida que también alcanza a Luciana Castro, empleada municipal detenida junto a Kraisman, y a Virginia Martínez, señalada como la titular del documento, imputada por falso testimonio agravado.
El hecho que desencadenó la causa ocurrió el 16 de enero en una sucursal del Banco de Córdoba en barrio General Paz. Según la investigación, Kraisman, de 61 años, intentó concretar la maniobra con la colaboración de Castro, quien coordinaba un polideportivo social. Martínez, cuyo documento se utilizó, figuraba como empleada legislativa pero no desempeñaba funciones, lo que derivó en la vinculación del caso con la problemática de personal “fantasma” en la Unicameral.
En el proceso, el exconcejal llegó a manifestar su intención de declarar como “arrepentido”, aunque luego desistió. Actualmente permanece detenido en la cárcel de Bouwer y deberá enfrentar un juicio.
