La Justicia Federal elevó a juicio- y comienza hoy miercoles 6 de mayo- la causa que investiga a una organización con características de secta, acusada de captar personas vulnerables mediante promesas religiosas para luego someterlas a condiciones de explotación laboral en Córdoba y San Francisco.
El principal imputado es Elías Daniel Argüello Soria, señalado como líder del grupo denominado “Dimensión Cielo”. Según el requerimiento fiscal, se presentaba como un “enviado de Dios” y utilizaba discursos de tipo religioso para atraer seguidores, a quienes ofrecía una vida en comunidad, trabajo, contención espiritual y salvación eterna.
Junto a Argüello fueron procesados su pareja, Daiana Felisa Herrera, y otros tres integrantes del grupo: Ricardo Matías Mercado, Maximiliano David Mercado y Marcos Matías Burini. De acuerdo con la acusación, todos habrían participado en distintos niveles en la captación, traslado y explotación de las víctimas.
La investigación ubica el inicio de las maniobras al menos en 2017, en la provincia de Tucumán, desde donde el grupo comenzó a expandirse hacia Córdoba. A través de redes sociales, mensajes por WhatsApp y contenidos musicales difundidos en plataformas digitales, el líder establecía contacto con personas que atravesaban situaciones de vulnerabilidad emocional, económica o familiar.
El esquema, según reconstruyó la fiscalía, se repetía: las víctimas eran persuadidas de abandonar su entorno, desprenderse de sus bienes y trasladarse a vivir en comunidad. Una vez dentro del grupo, eran sometidas a un sistema de control estricto que incluía el cambio de nombre, la ruptura de vínculos familiares y la dependencia total del líder.
Las personas afectadas —identificadas en el expediente por sus iniciales— habrían sido obligadas a trabajar en panificadoras, comercios de comida y una inmobiliaria vinculada al grupo. Las jornadas laborales se extendían hasta 14 horas diarias, sin días de descanso y con remuneraciones inexistentes o meramente simbólicas. En algunos casos, el pago prometido consistía en supuestas inversiones inmobiliarias sin respaldo documental.
Además de las condiciones laborales, el expediente describe situaciones de hacinamiento, alimentación deficiente, vigilancia permanente mediante cámaras y restricciones en la comunicación. También se mencionan prácticas de control sobre la vida privada, la sexualidad y los vínculos afectivos de los integrantes, así como la utilización de amenazas de carácter religioso para asegurar la obediencia.
Uno de los aspectos centrales del caso es que varias de las personas involucradas no se reconocen como víctimas. Sin embargo, los informes técnicos incorporados a la causa concluyen que existió una manipulación psicológica sostenida, basada en técnicas de persuasión coercitiva, que anuló la capacidad de autodeterminación de los integrantes del grupo.
En esa línea, los especialistas señalaron que los testimonios de algunas víctimas presentaban signos de haber sido aleccionados, con relatos no espontáneos orientados a desligar de responsabilidad a los imputados, en especial a Argüello.
El avance de la investigación se dio tras el trabajo de la fiscal de instrucción de San Francisco, Marta Schianni, quien consideró acreditados los elementos necesarios para sostener la acusación por trata de personas con fines de explotación laboral, agravada por el uso de engaño, el abuso de la situación de vulnerabilidad, la pluralidad de víctimas y la participación de múltiples autores. En el caso de Argüello, además, se suma el agravante de haberse presentado como líder de un culto.
La causa también pone el foco en la situación de una de las víctimas que, pese a no autopercibirse como tal, fue considerada como víctima por la Justicia. En ese caso, la representación legal de sus padres está a cargo de los abogados Facundo Rodríguez de la Torre y Noelia Robleda.
Según la acusación, la organización funcionaba bajo una estructura jerárquica en la que Argüello concentraba el poder de decisión, mientras que el resto de los imputados cumplía roles de control, supervisión y ejecución de las órdenes. El dinero generado por las actividades era centralizado y administrado por el grupo, sin que las víctimas tuvieran acceso directo a él.
El expediente también revela fuertes contrastes entre el nivel de vida del líder y el de sus seguidores: mientras Argüello residía en un barrio cerrado y disponía de bienes de alto valor, las personas bajo su órbita vivían con escasos recursos y en condiciones precarias.
El juicio oral buscará determinar la responsabilidad penal de los acusados en un caso que combina elementos de explotación económica, coerción psicológica y uso de creencias religiosas, y que vuelve a poner en debate el funcionamiento de organizaciones de tipo sectario en contextos de vulnerabilidad social.
