La Justicia de Córdoba resolvió avanzar hacia el juicio oral en una investigación que involucra a diez personas acusadas de integrar una organización dedicada a estafar a clientes mediante falsas promesas de construcción de viviendas prefabricadas. La causa reúne denuncias de más de 30 damnificados de distintas provincias, quienes habrían sufrido pérdidas económicas de gran magnitud.
La decisión fue tomada por el Juzgado de Control en lo Penal Económico, que avaló el pedido de la fiscalía para que los imputados enfrenten el proceso judicial por asociación ilícita y estafas reiteradas. En ese marco, el juez rechazó los planteos defensivos que buscaban frenar la elevación a juicio y también negó el pedido de libertad para quien está señalado como líder de la estructura, al considerar que persisten riesgos de fuga y de interferencia en la investigación, en función de la gravedad de los hechos.
De acuerdo a la acusación, los imputados habrían actuado bajo distintas firmas comerciales vinculadas al rubro de la construcción, ofreciendo viviendas con plazos breves y sistemas de pago por avance de obra. Sin embargo, una vez firmado el contrato, los compromisos no se cumplían y comenzaban una serie de maniobras para exigir nuevos desembolsos, mediante supuestas modificaciones contractuales o excusas reiteradas.
La pesquisa permitió reconstruir una estructura interna con roles claramente definidos: un responsable principal que encabezaba las negociaciones con las víctimas, un coordinador que organizaba las maniobras y justificaba los incumplimientos, y otros integrantes que actuaban como vendedores, prestanombres de sociedades o colaboradores operativos.
Entre los elementos más relevantes de la causa, se señala el uso de material publicitario falso, como renders irreales, imágenes de obras que no les pertenecían y referencias inexistentes, con el objetivo de generar confianza y captar clientes. Para la Justicia, la evidencia reunida superó ampliamente los descargos, incluyendo testimonios de ex empleados, intercambios de mensajes y pruebas documentales que describen el modo de operar del grupo.
Según consta en el expediente, las víctimas fueron inducidas a entregar sumas millonarias en efectivo, transferencias bancarias u otros bienes, sin que las viviendas fueran entregadas o quedando las obras inconclusas o con graves defectos, lo que habría permitido a la organización obtener beneficios económicos ilegítimos aún no determinados.
