El Senado de la Nación dio media sanción este jueves a la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010. La propuesta obtuvo 42 votos a favor y 21 en contra y ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados, donde continuará el tratamiento parlamentario.
El proyecto promovido por el Poder Ejecutivo plantea cambios en distintos aspectos del sistema de atención. Entre ellos, busca modificar las condiciones para disponer internaciones, revisar la definición de riesgo cierto e inminente para la persona o terceros y ampliar el protagonismo de los médicos psiquiatras dentro de los equipos interdisciplinarios.
Los principales puntos de la iniciativa
Uno de los ejes de la reforma está relacionado con la intervención ante situaciones que requieren atención psiquiátrica. La propuesta pretende modificar los parámetros que se utilizan para determinar cuándo una persona representa un riesgo para sí misma o para otras, además de revisar los procedimientos de internación.
Otro aspecto que generó discusión fue la continuidad de los hospitales monovalentes, instituciones dedicadas específicamente a la atención de personas con padecimientos de salud mental. Los artículos 23 y 24, que abordan esta cuestión, estuvieron entre los más cuestionados durante el debate.
Los argumentos del oficialismo
Desde La Libertad Avanza defendieron la necesidad de actualizar la legislación. La senadora Ivanna Arrascaeta, encargada de presentar el proyecto, consideró que el marco normativo aprobado en 2010 ya no respondía adecuadamente a las demandas actuales del sistema sanitario.
La legisladora también hizo referencia a los cambios sociales y sanitarios registrados durante los últimos años, especialmente después de la pandemia y frente al impacto de los entornos digitales en los jóvenes. Según sostuvo, la reforma busca adaptar las herramientas de atención a las nuevas problemáticas vinculadas con la salud mental.
En la misma línea, Belén Monte de Oca cuestionó las limitaciones que, a su entender, enfrentan los profesionales para intervenir en determinados casos. También planteó que muchas familias atraviesan situaciones de desprotección frente a las dificultades para acceder a una respuesta adecuada.
Las críticas por el funcionamiento de los hospitales
Entre los legisladores que expresaron reparos estuvo el senador radical Maximiliano Abad. Si bien reconoció modificaciones incorporadas al texto original y valoró los cambios relacionados con las competencias profesionales de los psicólogos, manifestó su desacuerdo con los artículos que permiten mantener los hospitales monovalentes.
Abad defendió un sistema de atención apoyado en redes comunitarias y hospitales generales, al considerar que esa modalidad ofrece una respuesta más adecuada. Por ese motivo, anticipó su acompañamiento a la iniciativa en general, pero rechazó los artículos vinculados con los establecimientos especializados.
La oposición pidió mayores recursos para el sistema
La senadora justicialista Lucía Corpacci también se manifestó en contra de la reforma. Durante su intervención, reconoció el aumento de las consultas y las internaciones por problemas de salud mental, aunque sostuvo que las dificultades existentes no se solucionan únicamente con modificaciones legislativas.
En ese sentido, reclamó mayores partidas presupuestarias y herramientas económicas para garantizar el funcionamiento del sistema. Además, cuestionó la falta de participación de referentes provinciales durante la elaboración de la propuesta y criticó los recortes en las áreas nacionales vinculadas con esta problemática.
Qué falta para que los cambios entren en vigencia
Tras conseguir la aprobación de la Cámara alta, el proyecto deberá pasar por Diputados para completar su recorrido legislativo. La media sanción no implica que las modificaciones ya estén vigentes: la Ley de Salud Mental de 2010 continúa aplicándose hasta que finalice el tratamiento parlamentario.
La Cámara baja tendrá ahora la responsabilidad de debatir la iniciativa y definir si la aprueba, introduce modificaciones o rechaza la propuesta impulsada por el Gobierno nacional.
