El fiscal Juan Pablo Klinger dispuso recientemente el cierre de la etapa investigativa de una causa que causó estrépito en la zona norte de la ciudad de Córdoba: un asalto a una importante concesionaria en barrio Villa Cabrera.
El hecho sucedió el pasado viernes 17 de enero al mediodía, cuando una banda que operó con información interna, con logística coordinada y un despliegue violento, irrumpió en el local en busca de una suma millonaria.
Les habían filtrado un dato e iban por todo ese dinero decididos a pagar cualquier costo por obtenerlo.
Y pagaron caro.
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El ataque se frustró cuando uno de los integrantes de la banda fue reducido por empleados de la firma y entregado a la Policía. Los demás sospechosos caerían posteriormente.
La resolución judicial que trascendió en las últimas horas establece que los acusados actuaron en conjunto, con roles diferenciados, y que el golpe fue planificado con antelación.
La instrucción concluyó con la imputación formal y la prisión preventiva de tres personas: Jonathan David Arce Barrionuevo, Claudio Gustavo Castro y Matías Luis Gallardo y el descubrimiento de una supuesta trama familiar que fue crucial para planificar el ataque.
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A su vez, Klinger ordenó la imputación y la prisión preventiva de un cuarto hombre que ya se encuentra tras las rejas pagando otra condena, vinculada con una banda presuntamente integrada por tucumanos que realizaban salideras bancarias en el Centro de la ciudad de Córdoba.
Se trata de Marcelo Gabriel Francisco Quevedo, contra quien la fiscalía ordenó un reciente allanamiento en su domicilio, donde se encontró la motocicleta Honda CB 190 color negra con la que habrían huido los atacantes y otros elementos personales con valor probatorio.
Arce Barrionuevo y Quevedo fueron acusados como coautores del delito de robo calificado con arma cuya operatividad no se acreditó, en grado de tentativa (porque el robo no se pudo concretar).
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Castro y Gallardo fueron imputados como partícipes necesarios del delito de robo calificado con arma cuya operatividad fue acreditada, también en grado de tentativa.
Castro era empleado de la concesionaria y ya confesó, ante la fiscalía, su culpa en los hechos.
Aquel viernes al mediodía, en el interior del local ubicado en avenida Caraffa al 2800, se iba a concretar una operación comercial por la venta de un vehículo de alta gama, motivo por el cual había una importante suma de dinero en efectivo en la oficina principal del salón.
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El dato, clave para la posterior irrupción de los delincuentes, había sido filtrado desde adentro de la empresa por uno de sus propios empleados, según entendieron en la fiscalía.
Se trató de Claudio Castro, quien se desempeñaba como detallista de autos en la concesionaria.
Según determinó la investigación, fue él quien proporcionó a su sobrino, Jonathan Arce, la información precisa sobre el día, la hora y el lugar donde estaría el dinero, así como la forma en que se manejaba el acceso al área administrativa del local.
Esa colaboración, según detallaron los pesquisas, fue determinante para que el grupo decidiera ejecutar el intento de robo.
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Con el dato, minutos antes de las 12.10, dos hombres ingresaron al comercio con cascos puestos y se dirigieron directamente a la oficina donde se encontraba uno de los empleados de la empresa que custodiaba el dinero.
Uno de ellos, Quevedo, portaba un arma de fuego y apuntó a los presentes mientras les ordenaba a los gritos que se tiraran al piso.
El otro, luego identificado como Arce Barrionuevo por los investigadores, avanzó hacia el sector privado del local, donde interceptó al empleado a cargo de resguardar el dinero y le exigió que entregara todo.
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En ese momento, se produjo un forcejeo entre ambos. Arce logró arrebatar la mochila que contenía 13.500.000 pesos y 3.500 dólares.
También había una pistola Bersa que pertenecía al empleado.
Sin embargo, antes de lograr escapar, fue reducido con la ayuda de varios empleados, en una escena cargada de tensión, donde entre todos forcejearon con el atacante para que no pudiera escapar e intentaron forzar sus brazos para que no pudiera accionar ninguna arma.
Mientras tanto, el cómplice que lo acompañaba logró huir en una motocicleta que lo esperaba en la puerta.
Las cámaras de seguridad internas y externas de la concesionaria, así como de comercios linderos, captaron en detalle el momento del ingreso, el accionar de los delincuentes y su posterior fuga, según detallaron los investigadores.
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Las imágenes fueron analizadas y en la fiscalía lograron reconstruir no sólo la dinámica del hecho sino también el recorrido previo de los involucrados.
“En los videos se observa con claridad cómo uno de ellos se comunica por teléfono antes de ingresar, cómo se reparten los roles y cómo un tercer integrante los espera afuera con una motocicleta, una Honda CBR190”, dijo una fuente con acceso a la causa.
A través del análisis de las filmaciones, se identificaron coincidencias físicas, vestimentarias y gestuales entre los asaltantes y los sospechosos, lo que permitió avanzar en las detenciones.
La tarea de la brigada de robos y Hurtos de la Policía fue crucial, según aseguraron desde la fiscalía.
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Uno de los elementos centrales en la acusación fue el material obtenido de los celulares secuestrados durante los allanamientos que llevó a cabo la Policía en las jornadas posteriores al intento de robo.
Allí se hallaron –según fuentes con acceso a la causa– conversaciones entre los imputados que revelaron la existencia de un plan previo, referencias explícitas al reparto del dinero y al modo en que debían coordinar la acción.
El análisis pericial detectó, además, que varios mensajes habían sido borrados tras el hecho, lo que fue interpretado por el fiscal como una maniobra de entorpecimiento.
La reconstrucción de la jornada criminal también incluyó la inspección ocular de los domicilios de los acusados.
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En casa de Gallardo, la Policía encontró el casco y la gorra utilizados durante el asalto, y una mochila similar a la descripta por los testigos.
También se recuperaron elementos que habían sido escondidos en la vivienda de una amiga, según el propio Gallardo admitió ante los investigadores.
La motocicleta usada en la huida fue rastreada a través de su patente y de registros de cámaras urbanas, lo que permitió confirmar su presencia en el lugar y el momento del ataque.
Uno de los aspectos más delicados del expediente tiene que ver con la relación familiar entre dos de los imputados: Claudio Castro, el empleado de la concesionaria, es tío de Arce Barrionuevo.
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Esa cercanía personal fue, en opinión del fiscal, otro factor que facilitó el acceso a la información interna y permitió el montaje del plan delictivo.
A lo largo de la investigación, se evidenció que Castro conocía los movimientos económicos de la empresa, los horarios del personal y las medidas de seguridad del salón. Su salida del lugar ese día, con la excusa de realizar tareas en otra sucursal, fue interpretada como una maniobra para allanar el camino a los asaltantes.
En la fiscalía valoraron especialmente el trabajo de articulación entre los diferentes cuerpos de investigación policial, las áreas de análisis tecnológico y el testimonio de las víctimas.
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Los pesquisas destacaron que la pronta reacción del personal de la concesionaria evitó que el hecho tuviera consecuencias mayores, y que sin la existencia de registros audiovisuales y una acción coordinada entre el sector privado y el Estado, el robo podría haberse consumado sin posibilidad de esclarecimiento.
También sostuvieron que la peligrosidad del accionar delictivo, el uso de armas, la planificación previa y el riesgo de fuga justificaban el dictado de la prisión preventiva para los imputados.
