
El nuevo presidente de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz Pereira, dijo que la izquierda que gobernó por veinte años el país le dejó un Estado convertido en una “cloaca de dimensiones extraordinarias”.
Paz Pereira, un economista de 58 años hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, asumió el poder el sábado pasado, tras haberse impuesto en una inédita segunda vuelta electoral al también exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga. Durante su campaña electoral había calificado a la excesiva burocracia boliviana como “estado tranca”, en alusión a lo que denunciaba como ineficiencia, altos gastos y trabas para la actividad económica.

“Por donde entramos, ministerios, instituciones (…) hemos encontrado, y desgraciadamente en desproporciones o en dimensiones no esperadas, una cloaca y es duro decirlo”, afirmó.
Paz habló durante un acto público en Palacio de Gobierno, en la capital del país, luego de nombrar un nuevo directorio para el Banco Central de Bolivia.
“ESTAMOS HACIENDO UNA AUTOPSIA”, DIJO PAZ
Los ministros José Gabriel Espinoza (Economía) y Marco Oviedo (Gobierno) denunciaron días pasados que encontraron en sus ministerios despachos vacíos y sin documentación.
El nuevo gobierno ya ha anunciado auditorías sobre importantes empresas públicas por presunta corrupción, como Emapa, distribuidora de alimentos subsidiados, y la petrolera YPFB, encargada de producir e importar combustibles.
“Estamos haciendo una autopsia, para que venga un nuevo Estado que esté al servicio de la patria”, dijo Paz.
Bolivia atraviesa su peor crisis económica en cuatro décadas por falta de dólares. El gobierno del mandatario saliente Luis Arce dejó las reservas de divisas del país casi agotadas, como resultado de estrategias para mantener una política universal de subsidios a los combustibles.
La inflación interanual a octubre llegó a 19%, después de un pico de 25% en julio.
El presidente Paz insiste en sus discursos que priorizará la meritocracia y la eficiencia durante su administración.
Entre sus principales promesas está un fuerte recorte de “gastos superfluos” en el Estado y la reducción paulatina de los subsidios que, según afirma, fomentan el contrabando y la corrupción.
Con información de AFP.
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