En la ciudad de Córdoba, dos adolescentes apodados “El Pistolero” y “C Pequeño” se han convertido en protagonistas de una ola de delitos que preocupa a la comunidad y desafía a las autoridades. Sus historias comparten un patrón alarmante: a pesar de sus reiterados crímenes, ambos son liberados rápidamente debido a su edad.
El caso de “El Pistolero”
Con solo 15 años, M.S., conocido como “El Pistolero”, suma 14 detenciones desde enero de este año. Su apodo refleja su modus operandi: siempre actúa armado y no duda en disparar cuando lo considera necesario. Sus principales víctimas son conductores de aplicaciones de transporte, a quienes asalta en la zona de barrio Marqués Anexo, en el norte de la ciudad.
En el último mes, “El Pistolero” fue detenido en al menos tres ocasiones. La última vez, el miércoles 12 de noviembre, protagonizó una persecución policial que terminó con el choque del Volkswagen Bora que acababa de robar. A pesar de ello, sigue en libertad. Según fuentes policiales, el joven no muestra resistencia durante sus aprehensiones porque sabe que será liberado en pocas horas.
“C Pequeño” y su inspiración en el cine
Por otro lado, L.T., de 16 años, apodado “C Pequeño” en referencia al personaje de la película Ciudad de Dios, también preocupa a las autoridades. Este adolescente fue detenido el pasado 8 de noviembre en Villa El Nylon, donde presuntamente tiene su escondite habitual.
Su captura estuvo relacionada con una orden del Juzgado Penal Juvenil por haber baleado una casa del barrio. Además, el joven había amenazado y agredido a vecinos en ocasiones previas. Sin embargo, como en el caso de “El Pistolero”, su paso por la comisaría fue breve y ya se encuentra en libertad.
Un sistema en debate
Ambos casos evidencian las limitaciones legales y sociales para abordar la delincuencia juvenil en Córdoba. Mientras los vecinos exigen soluciones, las autoridades enfrentan el desafío de garantizar la seguridad sin vulnerar los derechos de los menores involucrados.
Con situaciones como estas, se reabre el debate sobre la necesidad de políticas que equilibren la prevención del delito, la reinserción social y la protección de las comunidades afectadas.
