El misterio de los documentos falsos a nombre de jueces de la Corte, ex presidentes y un fiscal que condenó a Cristina

El 23 de noviembre de 2021, dos mujeres se presentaron en la Jefatura de Gabinete de la Nación y en el Banco Central de la República Argentina. Reclamaban cobrar 330 millones de pesos de un juicio, y para eso llevaron un documento firmado por el fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Mario Villar que las avalaba.

Pero el documento era falso. Ese mismo día, desde los organismos se comunicaron con Villar. El fiscal negó haber firmado algo y explicó que por su rol no hacía pagos. Por eso pidió que el papel se preserve junto con las cámaras de seguridad y presentó una denuncia penal.

Lo que vino después fue más impactante. La casa de una de las mujeres fue allanada y allí se encontraron 26 documentos falsos para cobrar miles de millones de pesos, con las firmas de los jueces de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, del ex presidente Mauricio Macri y del entonces jefe de Estado, Alberto Fernández, otros de Villar, de más organismos públicos y un cheque del banco Macro por 700 millones de pesos que estaba extraviado desde 2016.

Todos esos documentos fueron encontrados en la casa de Roxana Andrea Plastina, 54 años, en Avellaneda. Nunca dio explicaciones en la justicia. Fue enviada a juicio oral por tentativa de fraude, falsificación de documento público reiterado y falsificación de moneda, y logró suspender la causa a cambio de hacer tareas comunitarias y donar 90 mil pesos, lo que cumplió el año pasado y fue sobreseída.

El caso no se conocía hasta hoy y dejó preguntas abiertas. ¿La intención era solo cobrar miles de millones de pesos, lo que no iba a lograr porque la maniobra era ostensiblemente burda? ¿Lo hacía para alguien? ¿Buscaba preconstituir una maniobra con eventuales efectos políticos?

El millonario intento de estafa

“Por medio de la presente solicito al señor Jefe de Gabinete de la Nación la autorización para el cobro judicial correspondiente a la señora Attanasio, Alejandra Noemí que percibe a su favor a través de la causa judicial número 23908/21. Dejando constancia que el monto a cobrar asciende a la suma total, más intereses de $ 330.090.870”, decía la nota que ese 21 de noviembre se presentó y estaba dirigida a Juan Manzur, entonces jefe de Gabinete.

Attanasio fue la primera investigada por ser la destinataria del dinero. En la justicia explicó que ella era la suegra de Plastina, quien le pidió que que salga como autorizada a cobrar los millones -que eran de un juicio de sus padres. ya que ella no podía hacerlo porque tenía muchos embargos.

La mujer declaró que aceptó de buena fe y la acompañó al BCRA y a la Jefatura de Gabinete. “Cómo voy a ir con algo trucho a semejantes lugares”, dijo en la causa a la que accedió Clarín y aceptó redactar un cuerpo de escritura. Eso se cotejó con la firma del documento y no era su letra. Fue sobreseída de la causa.

Así, todo se encaminó a Plastina. Un primer detalle la involucraba. En los documentos dejó su número de celular y un correo electrónico, que luego se supo era el que usaba. Su casa fue allanada: le secuestraron el móvil y encontraron otros 26 documentos falsos. Eran papeles con membretes de la Corte Suprema, de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, de la AFIP, del Banco Ciudad y de la Suprema Corte bonaerense, entre otros organismos.

Todos firmados, de manera falsa, por Villar y Rosenkrantz en su mayoría. Y un documento con las firmas de Rosatti, Macri y Alberto Fernández. En la mayoría para cobrar plata. En uno de ellos, sin fecha, decía “Yo, Mauricio Macri, Presidente de la Nación Argentina, a pedido del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires…..que el saldo total que le fue donado por la Sra. Roxana A. Plastina asciende a la suma de $ 1.908.700.900. Y los cobrara en su totalidad con los intereses correspondientes por nuestras demoras”.

Otro documento estaba fechado el 3 de diciembre de 2021 y era dirigido a Alberto Fernández, entonces presidente de la Nación. Allí se autorizaba a una mujer llamada Victoria Cristina Vergani a cobrar 2.330 millones de pesos y lo firmaban el propio Fernández, Rosenkrantz y Villar. El documento con la firma de Rosatti estaba fechado en junio de 2017, para autorizar un pago que no tenía monto.

También se encontró un cheque del banco Macro por 723 millones de pesos que tenía una orden de extravío desde mayo de 2016. A ese cheque se le había puesto la firma de Villar.

En el celular se Plastina se encontraron búsquedas en internet de logos y escudos de organismos públicos, de símbolos de justicia, de formularios de AFIP, entre otros. También se hallaron conversaciones en las que se hacía pasar por empleada de bancos o de organismos públicos para ofrecer beneficios.

“Los documentos eran burdos”, le dijo a Clarín una fuente judicial que trabajó en el caso. Los escudos no decían de qué organismos eran y a quienes les falsificó la firma no ordenan pagos. “Nunca iba a cobrar nada”, agregó la fuente.

Plastina fue indagada en octubre de 2022 por el juez federal Julián Ercolini. Se negó a declarar, fue procesada y enviada a juicio oral. En esa etapa su defensa oficial propuso una suspensión del juicio a cambio de pagar 90 mil pesos al hospital de niños Garrahan y de hacer tareas comunitarias en un centro social de Longchamps. El fiscal Villar, quien formó parte de la causa, se negó para que se siga investigando pero el planteo fue aceptado porque cumplía con los requisitos.

Plastina cumplió con su probation en la causa y en diciembre del año pasado fue sobreseída.

Las hipótesis

“Mucha gente intenta este tipo de estafas por más insólitas que parezcan”, señaló otra de las fuentes consultadas. La incógnita es por qué una persona se animaría a una maniobra así usando el nombre de gente como jueces de la Corte y Presidentes. En la causa no se encontraron vínculos políticos de Plastina. Solo que desde 2009 es afiliada a la UCR.

Una fuente especuló una hipótesis: “Dejar asentada una maniobra ilegal para después involucrar a alguno de los que falsamente firmaba las notas”.

Los antecedentes podían hacer que los documentos falsos hallados en la casa de la mujer tuvieran otra entidad.

En la Corte Suprema nunca supieron de la causa hasta la consulta de Clarín. “Nos vamos a interiorizar y tomaremos las medidas judiciales que correspondan”, dijeron en el máximo tribunal.