Una de las nuevas modalidades de acoso se lleva a cabo mediante la inteligencia artificial. En las últimas semanas se conoció de un grave caso de un adolescente que editaba imágenes pornográficas con el rostro de sus compañeras en Córdoba y las vendía. Este fenómeno aún no está tipificado en el código penal, lo que complica la sanción a los responsables de estas prácticas ilegales.
El fiscal de esa causa de este joven, Pablo Cuenca Tagle, en diálogo con Cadena 3 aseguró: “Las víctimas tienen consecuencias reales, como ataques de pánico y miedo”, explicó, refiriéndose a la angustia que sufren tras la viralización de estas imágenes.
El fiscal de violencia familiar y de género lleva adelante una imputación inédita en Córdoba. Se trata de un alumno de 18 años de un colegio preuniversitario que generó imágenes de sus compañeras. “No es abuso sexual porque nadie las desnudó, pero sí hay lesiones graves”, sostiene Cuenca Tagle, aludiendo a la afectación psicológica que sufren las víctimas.
En ese sentido, el mismo explicó que optó por interpretar el código penal existente para encuadrar este tipo de delitos, una decisión que podría sentar un precedente en el país.
“Es fundamental que se reconozca el daño psicológico que estas acciones causan”, indicó José D’Antona, abogado defensor de las victimas, resaltando la urgencia de abordar esta problemática desde una perspectiva legal adecuada.
Las familias de las afectadas, representadas D’Antona, enfrentó dificultades para que la Justicia actúe. “Primero encontraron muchas trabas en la Justicia”, indica D’Antona en diálogo con Cadena 3, quien resaltó la importancia de la reciente imputación por lesiones graves calificadas por violencia de género. “Este es un gran paso para las víctimas”, agregó.
Desarrollo del caso
Las víctimas, que ahora tienen una restricción de acercamiento con su ex compañero de colegio, se sienten humilladas y perjudicadas. D’Antona describió el impacto emocional en las adolescentes: “Las vidas no son las mismas”, afirmó y subrayó que muchas no han podido continuar con su vida normal tras el incidente.
El caso está en desarrollo y se espera que el imputado declare en los próximos días. “El pronóstico de pena es de hasta 10 años”, advirtió D’Antona, quien también planteó la necesidad de adaptar las leyes a las nuevas realidades que presenta la inteligencia artificial en el ámbito del delito.
