El gobierno nacional anunció la suspensión de los tratamientos hormonales para personas trans menores de 18 años, una decisión que ha generado fuertes críticas por considerarse un ataque a los derechos humanos y a las poblaciones vulnerables. Esta medida afecta directamente a la Ley 26.743 de Identidad de Género, sancionada en 2012, que garantiza el acceso a la salud para las personas trans.
La prohibición, impulsada por la gestión libertaria, busca modificar aspectos clave de la ley, especialmente en lo que respecta a los tratamientos de hormonización y bloqueadores hormonales en menores de edad. Según el gobierno, “ningún niño puede por sí pedir hormonización, y ninguna familia podría pedir que operen a su hijo“.
Impacto en la comunidad trans
Esta decisión ha sido calificada como un retroceso en los derechos adquiridos por la comunidad trans. Activistas y organizaciones de derechos humanos señalan que la medida no solo limita el acceso a la salud, sino que también estigmatiza a las identidades trans.
“La ley de identidad de género no obliga a nadie a someterse a un proceso de hormonización, pero garantiza el derecho a acceder a él si así se decide. Los bloqueadores hormonales, por ejemplo, están regulados y son seguros cuando se aplican bajo supervisión médica“, explicó Santiago Merlo fundador de “La Casita Trans”.
Críticas y defensa de la ley
La Ley 26.743, junto con la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), ha sido fundamental para garantizar un trato respetuoso y amoroso hacia las diversidades. Sin embargo, el gobierno actual ha sido acusado de promover políticas basadas en el odio y la exclusión.
“Este gobierno intenta instaurar políticas públicas desde el odio, no desde el amor y el respeto que merecen todas las identidades“, declaraba Merlo.
La suspensión de estos tratamientos no solo afecta a los menores trans, sino que también genera preocupación sobre el futuro de las políticas de inclusión y diversidad en el país.
