Envalentonado por la polémica en torno a la baja de la edad de imputabilidad y a fallos judiciales recientes que reavivaron el debate ideológico entre punitivistas y garantistas, el Gobierno pule un proyecto de ley para endurecer penas y evalúa apurar su envío al Congreso para reinstalar su doctrina de mano dura de cara a la campaña presidencial.
Se trata de una iniciativa que va en paralelo a la reforma integral del Código Penal, que días atrás el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anticipó que podrían enviar “el año que viene” o “ya en 2028”, en un eventual segundo mandato de Javier Milei. La idea es conectar con el hartazgo de la sociedad ante el delito y la inacción del kirchnerismo.
Entre varias modificaciones, el texto establece figuras contra “motochorros” y “trapitos”, castiga con mayor dureza a quienes realicen entraderas a domicilios o salideras bancarias y sanciona penalmente al extranjero que ingrese ilegalmente a la Argentina.
También, en el borrador al que accedió Clarín, se plantea un aumento general de penas de delitos vinculados al narcotráfico.
En el Ejecutivo siguieron con atención los cuestionamientos a jueces garantistas y al kirchnerismo que cobija a esos magistrados. El proyecto, elaborado por el equipo de Justicia, ya pasó por el despacho de Karina Milei, que debe definir los tiempos para girarlo al Congreso.
La escala previa, como cada documento que firma Milei, será en la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal Murphy, mano derecha de Santiago Caputo.
No es un detalle menor. Es que desde que Karina se apoderó del área Justicia, la discusión sobre la reforma del Código Penal se entremezcló con la interna entre las dos facciones y las opiniones técnicas se contaminaron de las diferencias políticas.
El asesor sostuvo la necesidad de hacer una sola reforma, amplia y refundacional, mientras que la tropa karinista aconseja hacer cambios puntuales, que no puedan ser objetados por la oposición o que impliquen un costo político para quienes los rechacen.
Creen que puede ser el eje central para confrontar con Axel Kicillof, el rival favorito para el 2027. “Es todo ganancia”, resume uno de los armadores políticos. Todavía no está claro si Caputo revisó su postura en este contexto en el que el Gobierno entiende que está sacando ventaja de la discusión por la baja de edad de imputabilidad.
Los cambios que impulsa el Ejecutivo
Entre las novedades, el articulado pone el foco en el robo de motochorros. Se establece que el uso de un vehículo para facilitar un robo pasa a ser un agravante y eleva la pena hasta 15 años de prisión.
En el mismo sentido, se agravan las penas para los robos cuando el delito se comete en momentos de vulnerabilidad de la víctima, como al entrar o salir de su casa o de un banco: de 5 a 15 años.
El texto también aborda el problema de los trapitos, otro tema con muchas horas de cobertura mediática. Mientras en algunos distritos sigue siendo una contravención, el Gobierno busca crear un delito específico para quien cobre dinero por “cuidar” autos en la vía pública sin autorización y fija una pena de hasta 3 años de prisión. Pero la eleva a 6 años si hay violencia o si ocurre en eventos masivos; y llega hasta 8 años cuando se trata de una organización o si se usan armas.
Las “viudas negras”, otro flagelo de los últimos años, se incorporan como agravante: el uso de drogas u otras sustancias para anular la voluntad de la víctima y consumar el robo, tendrá penas de hasta 12 años de prisión.
Sin embargo, para un funcionario que intervino en el proyecto, “el cambio más revolucionario es que la víctima deja de ser un convidado de piedra para convertirse en el eje del sistema”.
Se le dará “voz obligatoria” en el proceso, de manera tal que deberá ser oída por los magistrados que intervienen antes de cualquier decisión. Esto generará un claro contraste con comportamientos discrecionales de los jueces, como el caso de Laura De Marinis, quien no escuchó a la víctima del menor de 14 años que le había intentado robar en pleno Palermo.
Una propuesta que anticipa polémica
Uno de los puntos más polémicos, que en el Gobierno saben que provocará reacciones de sectores garantistas, apunta a limitar el margen de interpretación de los jueces y establece una “presunción favorable” para el que se defiende de un delito. La iniciativa dispone que, ante la duda sobre si el medio utilizado para defenderse fue racionalmente necesario, deberá privilegiarse al agredido. El mismo criterio se extiende a los policías que utilicen la fuerza reglamentaria frente a un peligro grave e inminente para su vida o la de terceros. Y suma un cambio lógico: elimina el insólito requisito de nocturnidad que rige para la legítima defensa dentro de una vivienda, de modo que la protección alcance a quien repele cualquier ingreso violento a su casa.
A su vez, se propone la imprescriptibilidad de los delitos sancionados con pena de prisión perpetua. Y para delitos menos graves se sube el plazo de prescripción de 12 a 15 años.
Luego, en línea con la lucha contra el narcotráfico, uno de los hitos de gestión que se suele atribuir la Casa Rosada, impulsan un aumento generalizado de las penas, tanto para los delitos más graves como para los comunes.
Por último, el proyecto incorporará un nuevo delito que generará cruces con la Provincia, ya que tipificará el ingreso de celulares a cárceles, algo hoy permitido y avalado por la administración Kicillof. Así, de una falta administrativa pasará a ser reprimido con hasta 3 años de prisión.
E intramuros, en las penitenciarías, también tendrán más trabajo: el Gobierno quiere que la tenencia de “facas” o armas dentro de los penales sea un delito con hasta 6 años de prisión.
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