La Cancillería argentina presentó este martes una protesta formal ante la Embajada del Reino Unido. El Ejecutivo rechazó enérgicamente la extensión de las licencias petroleras otorgadas por las autoridades británicas en las Islas Malvinas.
El comunicado oficial del Palacio San Martín calificó como ilegítima la decisión de prorrogar por cinco años estas autorizaciones. El Gobierno advirtió que la exploración unilateral de hidrocarburos vulnera abiertamente la soberanía nacional y el derecho internacional.
El canciller Pablo Quirno respaldó el reclamo a través de sus redes sociales. El funcionario aseguró que el país accionará con todas las herramientas jurídicas y diplomáticas contra las empresas que operen ilegalmente en la plataforma continental argentina.
El avance del proyecto Sea Lion en Malvinas y la disputa judicial
La tensión diplomática resurgió luego de que la administración isleña decidiera extender las concesiones offshore vigentes. Esta medida beneficia directamente al proyecto Sea Lion, operado en conjunto por las firmas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
Las autoridades británicas también aprobaron que Navitas amplíe su participación sobre el bloque lindero PL001. El objetivo de la empresa es conectar ambas áreas mediante tuberías submarinas para comenzar a extraer crudo en marzo de 2028.
Frente a este escenario, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto dictó recientemente una medida cautelar. La resolución ordena a las compañías abstenerse de continuar con las obras, sumándose a diversas denuncias penales impulsadas por la Casa Rosada.
Por su parte, el gobierno británico rechazó tajantemente la postura adoptada por la Argentina. Desde Londres sostienen que el país no tiene jurisdicción para aplicar su legislación y defienden el derecho de los isleños a administrar sus propios recursos naturales.
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