Con el objetivo de “frenar el crecimiento sin control” de la Villa 31, que se extiende entre los barrios de Retiro y Recoleta, el Gobierno porteño dispuso un esquema de retenes policiales en los accesos para evitar el ingreso de más materiales de la construcción y detener así nuevas construcciones.
La medida forma parte del “plan de ordenamiento” dispuesto por la gestión de Jorge Macri, que incluye “la fiscalización de las edificaciones, el desalojo de unidades y terrenos usurpados y el refuerzo de la seguridad”. Todo apunta a “fortalecer la integración y garantizar que la Ciudad sea una sola”.
“Orden en la Villa 31. Acá no hay zonas liberadas. No hay excepciones. No hay lugares donde la ley es opcional. Se terminó el ingreso de material para seguir agrandando esto. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”, afirmó el jefe de Gobierno.
Con este plan de Control de Accesos, cinco de las 13 entradas por donde ingresaban vehículos al conglomerado se convirtieron en calles peatonales, mientras que otros tres pasarán a tener puestos permanentes de la Policía de la Ciudad. Además, dos calles se convirtieron en contramano y en otras se colocaron bolardos para evitar la normal circulación en la zona .
Las construcciones precarias de la villa, que durante décadas creció en población, se realizó sin ningún tipo de planificación, ni controles arquitectónicos oficiales por lo cual se pueden ver edificios de tres pisos a poco más de un metro de una autopista, tendidos de cables de energía irregulares, ausencia de medidores y todo tipo de conexiones clandestinas.
Desde la administración del Pro justificaron la decisión en que la urbanización de la Villa 31 que se diseñó en 2016 (durante el primer mandato de Horacio Rodríguez Larreta) no logró evitar un crecimiento urbano sin control ni colaboró al ordenamiento territorial previsto en la Ley 6.129. Por eso, aseguran, “la Ciudad decidió avanzar con medidas para regularizar la situación”.
Este jueves, el Gobierno hizo un operativo especial con retenes y controles policiales en distintos accesos como Colibrí y Ramos Mejía (al lado de estación de Ómnibus de Retiro), en Yaguareté e Islas Galápagos (cerca del Paseo del Bajo y del Ministerio de Educación de la Ciudad), y en Colibrí y Alberto Chejolán (ex calle 14, vecina al Barrio Saldías casi a la altura de Palermo).
La Villa 31, ubicada en Retiro, ocupa 72 hectáreas en las que viven alrededor de 45 mil personas “en condiciones precarias”. El territorio, remarcan las autoridades, “se convirtió en un ámbito propicio para la especulación y los negocios ilegales.
Según los datos que difundieron desde la administración porteña, en esa zona de la Ciudad de Buenos Aires, el alquiler de una vivienda oscila entre 300 mil y 1 millón de pesos y para los locales comerciales el precio es de entre 1,5 y 1,8 millones por mes, varios de los cuales no pagan por los servicios de energía y agua que consumen.
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