
La medida se formalizó a través de la publicación de la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y PyME y la Disposición 534/2026, sumándose a las más de 240 eliminaciones de regulaciones que la gestión económica viene impulsando desde su inicio.
Desde el Ministerio de Economía explicaron que el fin de este paquete de leyes y reglamentos apunta a “simplificar las relaciones comerciales entre proveedores y consumidores” y suprimir estructuras burocráticas que, según el criterio oficial, ya no se encontraban operativas en la práctica o bien “generaban ambigüedad regulatoria y jurídica” en el mercado.

El gobierno dio así un paso más en su plan de desregulación y simplifacación de los mercados. Por un lado, con respecto a Precios Cuidados, se dio de baja 1 normativa de carácter accesorio vinculada al extinto programa de congelamiento de precios. Además la normativa alcanzó algunos Planes de financiamiento, de esta manera quedaron sin efecto 30 normativas ligadas a los programas de fomento al consumo Ahora 12 y Cuota Simple, las cuales operaban como un mecanismo de intervención indirecta en las condiciones de acceso al crédito de consumo.

El paquete de derogaciones instrumentado por la Secretaría de Industria abarca, además de lo mencionado; regulaciones de precios, programas de asistencia al consumo y regímenes informativos en el sector educativo:
Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA): Se eliminaron 22 normativas destinadas a este mecanismo de intervención directa, el cual tenía como objetivo regular y controlar los precios de la cadena triguera.
Colegios privados: Se suprimieron 4 normativas que imponían a los establecimientos de educación de gestión privada la obligación de notificar formalmente y de manera anticipada los valores de sus aranceles. Según los fundamentos oficiales, esta exigencia incentivaba la distorsión de precios al fomentar subas de carácter preventivo y arbitrario por parte de los colegios.
Consumidores adolescentes: Se eliminó 1 normativa que duplicaba los canales estatales de atención y reclamos existentes para jóvenes consumidores, centralizando a partir de ahora las demandas en un único canal especializado para evitar superposiciones administrativas.



