El Gobierno nacional confirmó este jueves que iniciará el proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), una de las empresas estatales más grandes del país. Según detalló el vocero presidencial Manuel Adorni, se transferirá el 90% de las acciones a capitales privados mediante un esquema mixto: licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico, y una oferta pública inicial para abrir el capital a otros inversores.
El 10% restante de las acciones permanecerá en manos de los empleados de la compañía, en el marco del Programa de Propiedad Participada, actualmente vigente. Adorni remarcó que el proceso será regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y “se ajustará a los más altos estándares nacionales e internacionales para garantizar la transparencia de la operación”.
La decisión se fundamenta, según explicó el funcionario, en el elevado costo que representó para el Estado el sostenimiento de la empresa desde su reestatización en 2006. “AySA demandó u$s13.400 millones del Tesoro hasta 2023”, sostuvo. Y agregó que hubo “un fuerte deterioro de la infraestructura, aumento del 90% en la dotación de personal y un nivel de morosidad del 16% en los usuarios, cuando históricamente fue del 4%”.
Adorni también fue muy crítico con la administración anterior de la compañía: “En la última gestión se gastaron más de u$s4.800 millones. De ese monto, solo u$s200 millones se destinaron a obras, y el 25% de esas obras fueron asignadas a Tigre y Malvinas Argentinas, los distritos de donde provenía la cúpula directiva”, denunció. “La empresa funcionó como una plataforma de campaña”, afirmó.
“La privatización de AySA permitirá modernizar el sector, atraer inversiones y mejorar tanto el precio como la calidad del servicio. Es uno de los pasos más importantes que vamos a dar”, concluyó.
El Gobierno Nacional tomó la decisión de iniciar el proceso de privatización de AYSA. pic.twitter.com/7Rda6tIdS1
— Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) July 18, 2025
Por otro lado, el vocero también anunció un cambio clave en el control interno del Estado: Miguel Blanco dejará su cargo al frente de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el organismo que audita el funcionamiento del Poder Ejecutivo. Será reemplazado por Alejandro Díaz, un experto en auditoría, control corporativo y sindicatura que venía desempeñándose en Nucleoeléctrica Argentina, bajo la órbita del Ministerio de Economía.
