El Gobierno analiza excluir a funcionarios de las tres ramas del Estado del régimen de Inocencia Fiscal como parte de las negociaciones con los bloques aliados. La posibilidad surgió ante los reparos planteados por algunos legisladores y todavía no existe una definición sobre cómo quedaría incorporada al proyecto.
El oficialismo necesita reunir apoyos para avanzar con la iniciativa en la Cámara de Diputados. Las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal tienen previsto reunirse este miércoles para intentar emitir dictamen, mientras que el Gobierno mantiene como objetivo llevar el proyecto al recinto el próximo 26 de agosto.
Los cuestionamientos de los aliados están vinculados, entre otros aspectos, con el antecedente del exjefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, quienes habían reconocido contar con dólares sin declarar y se habían incorporado al régimen simplificado de Ganancias durante una investigación por enriquecimiento ilícito. Ese episodio impulsó a distintos legisladores a reclamar restricciones para funcionarios y personas políticamente expuestas.
El proyecto que impulsa Economía también contempla modificaciones para ampliar el alcance del régimen. La nueva propuesta elimina los límites de ingresos y patrimonio que actualmente condicionan el acceso, permitiendo la adhesión de personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, aunque establece condiciones particulares para los Grandes Contribuyentes.
Además, la iniciativa plantea cambios sobre la denominada “discrepancia significativa”, permite corregir declaraciones juradas cuando se detecten diferencias relevantes y contempla un mecanismo para acelerar el reintegro de fondos cuando la Justicia revoque una impugnación de ARCA. Según el Ministerio de Economía, el objetivo de estas modificaciones es fortalecer la seguridad jurídica y generar mayor confianza para formalizar dinero que permanece fuera del sistema.
