En medio de la tensión por el estancamiento en las negociaciones para aprobar el Presupuesto 2025, el Gobierno envió al Congreso dos proyectos para derogar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del año que viene y modificar la ley orgánica de partidos políticos, para cambiar el régimen de financiamiento de los partidos.
Sin tiempo para dictaminar y votar los proyectos en el período ordinario, el Ejecutivo deberá llamar a sesiones extraordinarias si quiere debatirlos.
Por otra parte, si bien no existe una ley que prohíba explícitamente la modificación de normas electorales en años de elecciones, el acuerdo tácito de la política y la jurisprudencia así lo impone. En otras palabras, el lema “no cambiar las reglas de juego en pleno juego”. El 2025 empieza en poco más de un mes y tendrá elecciones legislativas. Si decidieran avanzar tiene que ser ya.
En el PRO impulsan la idea de María Eugenia Vidal que sólo elimina la obligatoriedad de las Primarias, tanto para los electores como para las agrupaciones políticas.
En la UCR aceptan “mejorarlas” para hacerlas más “eficientes” con cambios en los plazos y topes de financiamiento pero se niegan a derogarlas.
Sin embargo, es la tercera vez que el Gobierno insiste con eliminar las PASO. La versión original de la Ley Bases incluía una reforma electoral, que fue una de las tantas partes que se suprimieron para conseguir la aprobación de la norma.
Después, en julio insistieron con el tema. Las bancadas dialoguistas le advirtieron a los delegados de la Rosada que no aceptarían la eliminación, pero sí modificaciones. El tema quedó nuevamente stand by.
Semanas atrás, en medio del debate del Presupuesto, se llegó a convocar a una conferencia de prensa en Congreso para anunciar la eliminación de las PASO para destinar el ahorro que generaría a la partida de Universidades, pero tuvieron que cancelarla minutos antes porque el PRO -que no estaba avisado- puso el grito en el cielo.
Qué dicen los proyectos
El texto propone eliminar las PASO y modificar el régimen de financiamiento de los partidos políticos, quitando el aporte público para campañas electorales y permitiendo un financiamiento privado más flexible.
Los argumentos para eliminar las PASO plantean que no han cumplido los objetivos– porque no mejoró la selección ni la representación política y porque casi nunca se usan- y que obligan al Estado a formar parte y financiar la elección de candidatos internos dentro de los partidos, algo que debería resolverse puertas adentro de cada partido.
Se critica la extensión del proceso electoral, que puede durar hasta seis meses, y el alto costo de las PASO.
El texto enumera : “Solamente durante el año 2023, se destinaron aproximadamente $ 455.000.000 en concepto de aporte público anual, otros $1.715.000.000 fueron asignados a los partidos en concepto de aporte extraordinario de campaña para las elecciones PASO y $3.510.000.000) fueron distribuidos entre ellos para las elecciones generales En ese mismo año, los aportes estatales para la impresión de boletas electorales significaron asimismo un estimado de más de $8.000.000.000 sólo para las elecciones primarias, e importaron un costo aproximado de $2.583.000.000 en las elecciones generales”.
En esa línea, sentencia: “Estas sumas exorbitantes fueron distribuidas en las elecciones primarias de 2023 entre 15 partidos políticos y alianzas electorales, de las cuales únicamente 5 obtuvieron más del 1 % de los votos” .
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