El portavoz presidencial, Manuel Adorni, confirmó que en “los próximos días” el Ejecutivo publicará un Decreto de Necesidad y Urgencia que reformará de raíz la política migratoria. La iniciativa, adelantada por Javier Milei ante la Asamblea Legislativa el 1.º de marzo, apunta a restringir beneficios para residentes temporarios, transitorios e irregulares y a fijar nuevos requisitos para obtener residencia y ciudadanía.
Entre los puntos centrales figura el pago obligatorio de la atención sanitaria para quienes no cuenten con residencia permanente, junto con la posibilidad de que las universidades nacionales cobren aranceles a estudiantes extranjeros. Además, todo condenado por delito será deportado de manera expedita y la ciudadanía solo se concederá a quienes acrediten dos años de permanencia continua en el país.
Para justificar el giro, Adorni aseguró que “ingresaron 1,7 millones de inmigrantes ilegales” y que solo en “ocho hospitales nacionales se gastaron $114 000 millones en atender a extranjeros”. Milei, por su parte, sostiene que la Argentina no puede seguir siendo “un centro de beneficiarios pagado por el bolsillo de los argentinos” y que los cambios son esenciales para convertir al país en un “Estado serio”.
Con este DNU, la gestión libertaria rompe con la tradición histórica de puertas abiertas y abre un frente de debate que promete repercusiones políticas y judiciales. Mientras se espera la letra fina del decreto, los gobernadores, las universidades y las organizaciones de derechos humanos ya analizan el impacto de un nuevo cerrojo migratorio que marcará un antes y un después en la agenda nacional.
